Begoña Gómez busca recuperar su pasaporte con urgencia. Su abogado, Antonio Camacho, ha solicitado a la Audiencia Provincial de Madrid la levantada inmediata de las medidas cautelares. La petición se basa en la afectación a derechos fundamentales y en la proximidad del verano. Las restricciones entraron en vigor tras el auto del juez Peinado del 20 de junio de 2026. Gómez debe entregar su pasaporte este miércoles a las 18:00 horas, pese al recurso presentado.
¿Por qué Begoña Gómez exige la devolución de su pasaporte ahora?
La defensa argumenta que la prohibición de salir de España es desproporcionada y carece de base objetiva. Camacho subraya que no existe riesgo real de fuga. Tampoco hay indicios de que los escoltas faciliten una salida del país. La sospecha, según el abogado, es «tan disparatada como ofensiva».
El recurso se presenta en un contexto de alta tensión institucional. El Ministerio del Interior ha elevado una queja formal ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Critica el «grave cuestionamiento» de la profesionalidad de los agentes. Además, Camacho denunció que se enteró de las medidas por la prensa, no por notificación oficial.
¿Qué medidas cautelares afectan a Begoña Gómez?
El auto del 20 de junio impuso tres restricciones:
- Prohibición de salir del territorio nacional.
- Retirada del pasaporte español.
- Obligación de comparecer cada quince días ante el juzgado.
Estas medidas forman parte del procedimiento por presunta infracción de secreto profesional y uso indebido de información clasificada. No hay acusación formal de delito penal, pero sí investigación abierta por la Fiscalía Anticorrupción.
¿Qué dice la ley sobre la retirada de pasaportes?
La Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana permite la retirada temporal del pasaporte cuando existe riesgo fundado de fuga. Sin embargo, el artículo 53 exige proporcionalidad y motivación específica. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional exige que la medida no sea «meramente preventiva», sino respaldada por indicios concretos.
En este caso, no hay constancia de que Gómez haya intentado abandonar España. Tampoco hay pruebas de contacto con embajadas extranjeras o gestiones consulares. La medida se sustenta en una mera presunción, no en hechos probados.
¿Cuál es el impacto económico y social de esta medida?
La restricción afecta directamente a la libertad de circulación, un derecho económico clave. Gómez participa en actividades internacionales de cooperación universitaria y desarrollo sostenible. Su inmovilidad impide su presencia en foros en Lisboa, Bruselas y Nueva York programados para julio y agosto.
Además, el caso ha generado un efecto colateral en la confianza institucional. Según datos del CIS de junio de 2026, la percepción de imparcialidad judicial ha caído 12 puntos entre los ciudadanos. El caso también ha reavivado el debate sobre la separación de poderes, especialmente tras la queja del Ministerio del Interior al CGPJ.
¿Qué dice el marco legal sobre la notificación de medidas cautelares?
El artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal exige notificación personal y previa a la aplicación de medidas restrictivas. El hecho de que Camacho se enterara por medios periodísticos —y no por resolución judicial notificada— podría vulnerar el derecho a la defensa técnica efectiva. El CGPJ ya ha remitido el caso al Promotor de la Acción Disciplinaria para evaluar si el juez incurrió en falta grave de desconsideración.
¿Qué datos clave debe conocer sobre este caso?
- El recurso se presentó ante la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid.
- Las medidas cautelares no se suspenden automáticamente con la interposición del recurso.
- Gómez debe entregar su pasaporte este miércoles, 26 de junio de 2026, a las 18:00 horas.
- El auto de apertura de juicio oral se emitió el 20 de junio, sin audiencia previa a la defensa.
- No hay orden de prisión ni prohibición de acercamiento a testigos o funcionarios.
La situación refleja una tensión creciente entre seguridad jurídica y garantías procesales. La urgencia estival no es un argumento legal, pero sí un indicador de cómo las medidas cautelares impactan en la vida real. La resolución final de la Audiencia Provincial podría sentar un precedente sobre el uso de restricciones a la libertad de circulación en casos sin riesgo probado de fuga.
