El centro de protección de menores Rosa Peñas, ubicado en la pedanía murciana de Santa Cruz, se convirtió en el escenario de un fuerte despliegue de la Guardia Civil este miércoles. La razón detrás de esta medida fue la prohibición de una concentración que, según el delegado del Gobierno, Francisco Lucas, estaba convocada por el partido Vox a través de las redes sociales. A pesar de la prohibición, el presidente de Vox en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, y Samuel Vázquez, portavoz nacional del partido en temas de inmigración y seguridad, se presentaron ante los medios de comunicación en las inmediaciones del centro, aunque no pudieron acceder a la puerta debido a la presencia policial.
La situación se tornó tensa cuando un grupo de dirigentes y simpatizantes de Podemos, liderados por el exdiputado Víctor Egío, se unieron a la escena. Al inicio de la intervención de Antelo, los manifestantes comenzaron a gritar consignas como «No sobran migrantes, sobran fascistas» y «Fuera fascistas de nuestros barrios», lo que llevó a la identificación de varios de ellos por parte de las fuerzas de seguridad. Esta confrontación entre los dos partidos políticos refleja la creciente polarización en torno a la cuestión de la inmigración y la gestión de los menores extranjeros no acompañados en España.
Antelo, en su discurso, celebró el inminente cierre del centro de menores de Santa Cruz, previsto para septiembre, como resultado de un acuerdo presupuestario alcanzado entre Vox y el Partido Popular. Durante su intervención, reiteró su postura sobre la inmigración, afirmando que si los padres de los menores migrantes «no les quieren, tendrán que ser los servicios sociales de sus países los que lo recojan». Esta declaración resuena con el mensaje de Vox, que busca posicionarse como un defensor de la seguridad y la convivencia en los barrios, argumentando que los ciudadanos de Santa Cruz han estado viviendo con miedo debido a la situación actual.
Por su parte, Samuel Vázquez criticó la gestión de los centros de menores, describiéndolos como «experimentos sociológicos que han salido mal en todos los territorios europeos donde se han desplegado». Según Vázquez, estos centros no logran integrar a los jóvenes y, en cambio, pueden influir negativamente en aquellos que llegan con comportamientos no violentos. Su discurso se centró en la necesidad de abordar la delincuencia asociada a la inmigración, un tema que ha sido recurrente en el discurso de Vox.
La respuesta del delegado del Gobierno a las declaraciones de Vox fue contundente, defendiendo su postura y asegurando que las órdenes emitidas eran legales. Vox, por su parte, anunció que sus servicios jurídicos están evaluando posibles acciones legales en respuesta a lo que consideran «órdenes ilegales» del delegado. Este intercambio de acusaciones y la tensión palpable en el lugar subrayan la complejidad del debate sobre la inmigración y la protección de menores en España.
El contexto de este enfrentamiento no es aislado. La cuestión de los menores extranjeros no acompañados ha sido un tema candente en la política española, especialmente en regiones como Murcia, donde la llegada de migrantes ha generado preocupaciones sobre la seguridad y la integración social. La polarización entre partidos como Vox y Podemos refleja no solo diferencias ideológicas, sino también la lucha por la narrativa en torno a la inmigración y su impacto en la sociedad.
La situación en Santa Cruz es un microcosmos de un debate más amplio que se está llevando a cabo en toda Europa, donde la inmigración y la gestión de los refugiados se han convertido en cuestiones divisivas. La forma en que se manejen estos temas en el futuro no solo afectará a los menores migrantes, sino también a la cohesión social y la convivencia en comunidades como la de Santa Cruz. La tensión entre Vox y Podemos en este contexto es un recordatorio de que las políticas de inmigración son un tema que seguirá generando controversia y debate en la esfera pública.
