La Agencia Tributaria ha vinculado a Venquis, una sociedad panameña, con pagos superiores a 100.965 euros a Whathefav, empresa fundada por Alba y Laura Rodríguez Espinosa, hijas de José Luis Rodríguez Zapatero. Estos ingresos forman parte de una investigación judicial en el marco del caso Plus Ultra, donde se analizan flujos financieros sospechosos relacionados con desinformación internacional y actividades políticas en Latinoamérica.
¿Quién está detrás de Venquis y qué hace?
Venquis fue creada y dirigida por André Golabek, un empresario vinculado a desarrollos tecnológicos para gobiernos autoritarios. Según el informe 51 de la Unidad de Apoyo de la AEAT (diciembre de 2025), Golabek diseñó una app de denuncias ciudadanas adoptada por el régimen de Nicolás Maduro para identificar y perseguir disidentes. La herramienta permite reportar supuestas conductas “antipatrióticas” mediante geolocalización y denuncias anónimas.
Golabek y su red de influencia digital
- Desarrolló infraestructura digital para campañas de bulos en Venezuela, Nicaragua y Bolivia.
- Su red incluye empresas offshore en Panamá, las Islas Vírgenes y Malta.
- La AEAT lo identifica como operador clave en la financiación de narrativas bolivarianas en medios digitales europeos.
¿Cómo se relaciona Whathefav con Venquis?
Whathefav, constituida en 2019 por las hijas de Zapatero, declaró ingresos de 28.800 euros en 2023 y 72.165 euros en 2024 procedentes de Venquis. Estos pagos fueron reportados formalmente mediante el modelo 347, lo que confirma su trazabilidad fiscal. No obstante, la AEAT señala la ausencia de facturación detallada ni justificación contractual clara sobre los servicios prestados.
¿Qué servicios se facturaron?
- La empresa no tiene historial previo en comunicación estratégica ni en gestión de campañas digitales.
- No figura en registros de clientes públicos ni en licitaciones oficiales.
- La AEAT cuestiona la proporcionalidad entre los ingresos y la capacidad operativa real de Whathefav.
¿Qué implica el marco legal español en este caso?
El modelo 347 obliga a declarar operaciones superiores a 3.005,06 euros con terceros, pero no exige describir la naturaleza del servicio. Esto permite cierta opacidad. Sin embargo, el Código Penal español castiga la colaboración con regímenes autoritarios cuando implica financiación de desinformación o violación de derechos humanos, especialmente si hay conocimiento expreso del uso final de los fondos.
Datos Clave
- Venquis recibió fondos de entidades vinculadas al chavismo internacional, según informes de la Fiscalía Anticorrupción.
- André Golabek fue sancionado en 2024 por la UE bajo el régimen de sanciones por desinformación (Reglamento (UE) 2020/1567).
- Whathefav facturó 1.97 millones de euros entre 2019 y 2024, con más del 5 % procedente de sociedades offshore.
- El juez José Luis Calama tiene competencia sobre el caso desde enero de 2025, tras la competencia atribuida por la Sala de lo Penal del TS.
¿Cuál es el impacto económico y geopolítico de estas operaciones?
Estas transacciones no son aisladas. Revelan una cadena de financiación que cruza fronteras fiscales y jurisdiccionales para impulsar narrativas políticas en democracias débiles. Desde el punto de vista económico, empresas como Venquis operan en zonas grises: facturan en euros, pagan impuestos en paraísos fiscales y evaden controles de origen de fondos. Desde el punto de vista geopolítico, su actividad alimenta la desestabilización democrática en países como Ecuador y Perú, donde bulos coordinados han influido en elecciones recientes.
El rol de las plataformas digitales
- Las apps de denuncias ciudadanas se usan como herramientas de vigilancia social.
- Los contratos con empresas como Whathefav permiten blanquear la financiación de campañas de deslegitimación institucional.
- La UE está evaluando una reforma del Reglamento sobre Integridad Electoral para incluir cláusulas de transparencia financiera en contratos digitales con actores extranjeros.
La investigación sigue abierta. Los documentos fiscales no prueban intención delictiva, pero sí evidencian falta de transparencia contable, riesgo reputacional para figuras públicas y vulnerabilidad del marco regulatorio español frente a operaciones de influencia transnacional.
