El Consejo de Ministros extraordinario que se celebrará este viernes tiene como objetivo la aprobación de un paquete de medidas destinado a mitigar las consecuencias económicas y sociales derivadas del conflicto en Irán. Entre las principales acciones se encuentra la reducción del IVA para los combustibles, que pasará del 21% al 10%, así como una disminución del impuesto especial sobre los hidrocarburos. Estas decisiones buscan frenar la escalada de precios de los carburantes, que ha afectado tanto a particulares como a profesionales en las últimas semanas.
El Gobierno ha decidido implementar estas rebajas fiscales como una respuesta inmediata al encarecimiento de los combustibles, optando por no aplicar descuentos obligatorios generalizados, como los 20 céntimos por litro que se implementaron durante la crisis energética provocada por la invasión rusa de Ucrania. Sin embargo, se ha confirmado que esta ayuda de 20 céntimos se limitará a los transportistas y a los productores agrarios, según fuentes de ERC.
Además de las medidas relacionadas con los combustibles, el paquete de respuesta integral también incluirá rebajas fiscales en la factura eléctrica. Se prevé una reducción del impuesto especial de la electricidad, actualmente fijado en un 5,11%, y la suspensión temporal del impuesto del 7% a la producción de electricidad. Estas acciones son parte de una demanda que las eléctricas y la gran industria han planteado desde hace tiempo, buscando la eliminación definitiva de este gravamen.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tenía previsto presentar estas medidas en una comparecencia desde el Palacio de la Moncloa, pero el inicio del Consejo de Ministros se ha visto retrasado por la presión de los ministros de Sumar, quienes buscan incluir en el real decreto-ley medidas relacionadas con la vivienda y el control de los beneficios empresariales. A pesar de las insistencias, no se prevé incluir ninguna medida sobre el precio de la vivienda, lo que ha generado tensiones dentro de la coalición.
En el ámbito del escudo social, hay una mayor disposición a considerar propuestas del socio minoritario, como la prohibición de cortes de suministros a familias vulnerables y la ampliación de los bonos sociales eléctricos y térmicos. Se anticipa que los descuentos del bono social de la luz se incrementarán, pasando del 35% actual al 42,5% para los consumidores vulnerables y del 50% al 57,5% para los vulnerables severos. También se incluirán deducciones en el IRPF por obras de mejora en la eficiencia energética de las viviendas y por la adquisición de vehículos eléctricos.
El plan de respuesta a la guerra se caracteriza por su enfoque en las rebajas fiscales para los carburantes y la electricidad, sin que por el momento se contemple la extensión de estas rebajas a la alimentación, a pesar de las demandas del Partido Popular. El Gobierno ha decidido esperar para monitorizar la evolución de los precios antes de tomar decisiones adicionales. En el pasado, se aplicó una rebaja de 20 céntimos en los precios de la gasolina y el diésel, pero los resultados no fueron los esperados, lo que ha llevado a una reconsideración de las estrategias actuales.
Desde el área económica del Gobierno, se han descartado medidas en materia de alquileres, debido a la incompatibilidad con el Partido Popular y otros socios parlamentarios como Junts. A pesar de la presión de Sumar para incluir la prohibición de desahucios sin alternativa habitacional y la prórroga de los alquileres, el ala socialista se ha mostrado más abierta a valorar medidas como el tope de los alquileres en futuros paquetes de medidas, en caso de que la inflación repunte.
El decreto que se presentará constará de dos partes: una centrada en las rebajas fiscales y el escudo social, y otra en medidas estructurales. Estas últimas buscarán activar mecanismos regulatorios y fomentar las energías renovables, con el objetivo de avanzar hacia la soberanía energética. La intención es dar un nuevo impulso a la electrificación de la economía nacional, reduciendo así la dependencia de los combustibles fósiles, que han visto un aumento significativo en sus precios debido a la escalada bélica en Oriente Medio.
Otro de los objetivos del Gobierno es seguir impulsando el despliegue de energías renovables mediante cambios regulatorios e incentivos. Estas medidas son parte de un esfuerzo más amplio para hacer frente a la crisis energética y garantizar un futuro más sostenible para el país. La situación actual exige respuestas rápidas y efectivas, y el Gobierno está tomando medidas para abordar los desafíos que se presentan en el horizonte económico y social.
