En los últimos años, la situación de los presos de ETA ha sido un tema de intenso debate en España. Con un total de 107 reclusos asociados a la organización terrorista, solo 40 de ellos permanecen en régimen cerrado. Este dato ha generado diversas reacciones tanto en la sociedad como en el ámbito político, ya que la mayoría de estos presos han comenzado a acceder a regímenes de semilibertad, lo que ha suscitado críticas y preocupaciones sobre la seguridad y la justicia.
La progresión hacia la semilibertad se ha facilitado a través de la aplicación de los terceros grados, un régimen que permite a los reclusos salir de prisión durante el día bajo ciertas condiciones. Este sistema ha sido objeto de controversia, especialmente por parte de asociaciones como Dignidad y Justicia (DyJ), que argumentan que muchos de estos presos no han mostrado arrepentimiento por sus acciones y que las medidas de semilibertad son, en muchos casos, «fraudulentas». Según DyJ, el Gobierno vasco ha aprobado en 2025 una veintena de progresiones, de las cuales varias han sido recurridas por la Fiscalía, lo que pone de manifiesto la tensión existente entre las instituciones y la percepción pública sobre la justicia.
### La Flexibilización del Régimen Penitenciario
Uno de los aspectos más polémicos de la gestión de los presos de ETA es la flexibilización del segundo grado penitenciario, que permite a los reclusos salir de la cárcel por unas horas al día. Esta medida se basa en el artículo 100.2 del reglamento penitenciario, que se ha utilizado para otorgar permisos a aquellos que no cumplen todos los requisitos necesarios para acceder al tercer grado. La justificación del Gobierno vasco para estas flexibilizaciones es que la mayoría de los reclusos se encuentran en la última fase de sus condenas, lo que les permitiría reintegrarse a la sociedad de manera más efectiva.
Sin embargo, esta política ha generado un fuerte rechazo por parte de diversas organizaciones y familiares de las víctimas del terrorismo. La asociación Covite ha denunciado que estas medidas son un intento de vaciar las cárceles de presos de ETA, lo que podría tener un impacto negativo en la memoria histórica y en la justicia para las víctimas. La percepción de que los presos están siendo tratados con demasiada benevolencia ha alimentado el debate sobre la necesidad de una revisión de las políticas penitenciarias en relación con los delitos de terrorismo.
### Reacciones y Consecuencias Políticas
La situación de los presos de ETA ha tenido repercusiones significativas en el ámbito político. La gestión de estos reclusos se ha convertido en un tema central en las campañas electorales y en las discusiones parlamentarias. Los partidos de la oposición han criticado al Gobierno vasco por su enfoque hacia la semilibertad, argumentando que se está priorizando la reinserción de los reclusos sobre la justicia para las víctimas del terrorismo.
Por otro lado, el Gobierno vasco ha defendido su postura, afirmando que la reinserción social es un objetivo fundamental del sistema penitenciario. Argumentan que muchos de los presos de ETA han cumplido ya una parte significativa de sus condenas y que es necesario facilitar su reintegración en la sociedad. Esta postura ha llevado a tensiones entre el Gobierno vasco y el Gobierno central, que ha mostrado su preocupación por la seguridad y la percepción pública de la justicia.
La controversia también ha alcanzado a la Audiencia Nacional, que ha tenido que intervenir en varias ocasiones para revisar las decisiones de progresión de los presos. En octubre de 2025, la Audiencia Nacional revocó la progresión de Juan Carlos Iglesias Chouzas, conocido como ‘Gadafi’, lo que ha sido interpretado como un intento de equilibrar las decisiones de las autoridades penitenciarias con las preocupaciones de la sociedad.
### La Opinión Pública y el Futuro de los Presos de ETA
La opinión pública en España está dividida en cuanto a la gestión de los presos de ETA. Mientras que algunos sectores apoyan la idea de que los reclusos deben tener la oportunidad de reintegrarse a la sociedad, otros consideran que esto es un insulto a las víctimas del terrorismo. Las encuestas indican que una parte significativa de la población se opone a la flexibilización de los regímenes penitenciarios para los presos de ETA, lo que refleja una profunda herida en la sociedad española que aún no se ha cerrado completamente.
El futuro de los presos de ETA y su progresión hacia la semilibertad seguirá siendo un tema candente en el debate público y político. A medida que más reclusos accedan a estos regímenes, es probable que la tensión entre la necesidad de justicia y la búsqueda de la reinserción social continúe creciendo. Las decisiones que se tomen en los próximos años tendrán un impacto duradero en la percepción de la justicia en España y en la memoria colectiva sobre el terrorismo y sus víctimas. La gestión de estos casos no solo afecta a los reclusos, sino que también tiene implicaciones profundas para la sociedad en su conjunto, que sigue lidiando con las secuelas de un conflicto que ha dejado cicatrices profundas en la historia del país.
