La reciente encuesta realizada por Lápiz Estratégico Consulting ha puesto de manifiesto la percepción de los ciudadanos de la Comunitat Valenciana sobre la gestión de las consecuencias de la dana que azotó la región el pasado 29 de octubre. A siete meses de la tragedia, un abrumador 89,5% de los valencianos considera que las acciones emprendidas para mitigar los efectos de la catástrofe son insuficientes. Este dato refleja un descontento generalizado que trasciende diferencias de género y edad, aunque se acentúa en ciertos grupos demográficos y geográficos.
La encuesta revela que tanto hombres como mujeres comparten la misma opinión crítica respecto a las medidas adoptadas, con un 88,8% de los hombres y un 90,1% de las mujeres manifestando su insatisfacción. Sin embargo, es entre los ciudadanos de 46 a 65 años donde se encuentra el mayor porcentaje de descontento, alcanzando un 93,2%. Por provincias, los alicantinos son los más exigentes, con un 94,3% reclamando más acciones, seguidos de los valencianos (87,5%) y los castellonenses (85,6%). Esta percepción de insuficiencia en la respuesta institucional plantea serias interrogantes sobre la efectividad de las políticas implementadas hasta la fecha.
El impacto de la dana ha sido devastador, con daños estimados en 17.800 millones de euros, 306.000 afectados y 228 vidas perdidas. A pesar de la magnitud de la tragedia, la búsqueda de responsables se ha convertido en un tema candente. Más de la mitad de los encuestados (54,3%) señala al president de la Generalitat, Carlos Mazón, como el principal responsable de la gestión de la crisis. En contraste, solo un 15,3% apunta al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, y un 1,1% considera que ambos comparten la responsabilidad. Este descontento se ve reflejado en la opinión de los castellonenses, donde un 63,5% culpa a Mazón, mientras que en Valencia, el porcentaje desciende al 50%, siendo esta la cifra más baja en la Comunitat Valenciana.
La gestión de la crisis ha generado un clima de desconfianza hacia las instituciones. Aunque casi la mitad de los encuestados (47,4%) confía en el proceso judicial que investiga la gestión de la dana, un 29,6% expresa su desconfianza. Este es un dato preocupante, ya que la percepción de ineficacia en la respuesta institucional puede llevar a una mayor frustración entre los ciudadanos. La jueza encargada de la causa, Nuria Ruiz Tobarra, ha sido valorada positivamente por un 9,2% de los encuestados, quienes, a pesar de sus dudas, consideran que está llevando a cabo una buena instrucción. Sin embargo, un 23% prefiere no pronunciarse sobre el proceso judicial, lo que indica una falta de claridad y confianza en el sistema.
La encuesta también ha puesto de relieve la necesidad de una mayor transparencia y comunicación por parte de las autoridades. La percepción de que no se está haciendo lo suficiente para abordar las secuelas de la dana puede estar relacionada con la falta de información clara sobre las acciones que se están llevando a cabo. La ciudadanía demanda no solo respuestas, sino también un compromiso real por parte de sus líderes para abordar los problemas que han surgido a raíz de esta catástrofe natural.
En este contexto, es fundamental que las autoridades tomen en cuenta las opiniones y preocupaciones de los ciudadanos. La gestión de crisis no solo implica la implementación de medidas inmediatas, sino también la construcción de un diálogo abierto y honesto con la población afectada. La falta de confianza en las instituciones puede ser un obstáculo significativo para la recuperación y la reconstrucción de las comunidades devastadas por la dana.
Por otro lado, la encuesta también refleja un deseo de unidad y colaboración entre las diferentes administraciones para abordar los problemas de manera más efectiva. La percepción de que todos los niveles de gobierno tienen un papel que desempeñar en la recuperación es crucial para fomentar un sentido de responsabilidad compartida. La ciudadanía espera que sus líderes trabajen juntos para garantizar que se tomen las medidas necesarias para mitigar los efectos de futuras crisis y para reconstruir lo que se ha perdido.
En resumen, los resultados de la encuesta revelan un panorama complejo en la Comunitat Valenciana tras la dana. La insatisfacción generalizada con la gestión de la crisis, la búsqueda de responsables y la desconfianza en el proceso judicial son temas que deben ser abordados con urgencia. La ciudadanía exige respuestas y acciones concretas que vayan más allá de las promesas, y es responsabilidad de las autoridades escuchar y actuar en consecuencia. La reconstrucción de la confianza en las instituciones es un paso esencial para avanzar hacia una recuperación efectiva y sostenible.
