La reciente controversia en torno al aparcamiento de Pío Baroja, ubicado en El Palo, ha desatado una serie de acusaciones de corrupción que han llevado al PSOE a plantear acciones legales. Este aparcamiento, que se construyó junto al colegio Valle Inclán, ha sido objeto de un informe que revela sobrecostes significativos y una gestión cuestionable por parte de la empresa encargada de las obras. El portavoz municipal del PSOE, Dani Pérez, ha declarado que se presentarán las irregularidades ante la Fiscalía Anticorrupción, argumentando que hay evidencias de una posible trama corrupta que involucra pagos indebidos y falsificación de documentos.
La situación se ha intensificado tras el anuncio del Ayuntamiento de Málaga, que ha indicado que Smassa, la empresa municipal de aparcamientos, reclamará a la Unión Temporal de Empresas (UTE) que se encargó de la construcción del aparcamiento, liderada por IELCO, la suma de 525.000 euros. Esta cantidad corresponde a sobrecostes que, según los informes, fueron abonados de manera indebida. Pérez ha señalado que el informe en el que se basa esta reclamación reconoce no solo los sobrecostes millonarios, sino también pagos contradictorios y serias dudas sobre la gestión de la obra.
### Presuntas Irregularidades en la Gestión de la Obra
Las acusaciones del PSOE son contundentes. Según Pérez, el informe técnico revela que se contabilizaron 106 días de paralización de la obra, cuando en realidad solo fueron 45. Además, se aceptaron mediciones de excavación que duplicaban lo realmente ejecutado. Estas irregularidades han llevado a los socialistas a calificar la liquidación final de la obra como provisional, lo que sugiere que se ha intentado disfrazar las cuentas para evitar una fiscalización adecuada.
El portavoz del PSOE ha enumerado una serie de irregularidades que, de ser ciertas, podrían tener graves implicaciones legales. Entre ellas se incluye la supuesta falsificación de la firma de una técnica municipal que se negó a avalar informes que consideraba ilegales. Además, se contrató a un técnico externo para suplantar a esta profesional, lo que plantea serias dudas sobre la transparencia del proceso. También se han mencionado correos electrónicos que sugieren que la adjudicataria fue seleccionada por ser ‘una empresa malagueña pequeña y manejable’, lo que podría indicar favoritismo en la adjudicación del contrato.
Pérez ha manifestado que su grupo no permitirá que se blanquee lo que consideran un posible desfalco millonario con dinero público. La magnitud de las irregularidades podría superar los dos millones de euros, lo que ha llevado a los socialistas a exigir la entrega de toda la documentación relacionada con la obra. En caso de que no se proporcionen los informes que consideran ocultos, han amenazado con suspender el consejo de administración de Smassa.
### La Reacción del Ayuntamiento y las Implicaciones Políticas
La respuesta del Ayuntamiento de Málaga ha sido objeto de críticas por parte del PSOE. Según Pérez, el alcalde ha ocultado deliberadamente información al consejo de administración, lo que podría agravar la situación. La gestión del aparcamiento de Pío Baroja ha sido calificada como negligente, y se ha señalado que las decisiones se tomaron bajo la presidencia del alcalde y con la participación de concejales de Movilidad y Hacienda.
El proyecto de construcción del aparcamiento fue adjudicado inicialmente por algo más de ocho millones de euros, pero tras varias modificaciones, el presupuesto se elevó a 10,3 millones. Este aumento ha sido presentado como un 18% de desviación, cuando en realidad se acerca al 30%. Pérez ha calificado esto como un engaño político deliberado, lo que pone en tela de juicio la integridad de la gestión pública en Málaga.
Las implicaciones políticas de este escándalo son significativas. Con la posibilidad de que se hayan desviado fondos públicos, la presión sobre el alcalde y su equipo de gobierno aumenta. La dimisión del gerente de Smassa no ha sido suficiente para calmar las aguas, y los socialistas han dejado claro que exigirán responsabilidades políticas. La situación actual plantea un escenario complicado para el gobierno municipal, que deberá enfrentar no solo las acusaciones de corrupción, sino también la creciente desconfianza de la ciudadanía.
En este contexto, el PSOE ha manifestado su intención de llevar el caso a la Fiscalía Anticorrupción, lo que podría desencadenar una investigación formal sobre las irregularidades en la construcción del aparcamiento. La presión política y social está en aumento, y la respuesta del Ayuntamiento será crucial para determinar el futuro de este escándalo y la confianza de los ciudadanos en sus representantes.
La situación en torno al aparcamiento de Pío Baroja es un recordatorio de la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública. Las acusaciones de corrupción y las irregularidades en la ejecución de obras públicas son temas que deben ser abordados con seriedad, y la ciudadanía tiene el derecho de exigir respuestas claras y contundentes. A medida que avanza la investigación, será fundamental seguir de cerca el desarrollo de este caso y las acciones que se tomen para garantizar que se haga justicia y se protejan los intereses de los malagueños.
