La investigación liderada por el juez Juan Carlos Peinado ha tomado un giro significativo al involucrar a altos ejecutivos de las principales empresas tecnológicas de España en el caso de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. La causa, que se centra en presuntos delitos de corrupción, intrusismo y apropiación indebida, ha llevado a Peinado a citar a figuras clave del sector empresarial, incluyendo a Marc Murtra, presidente de Telefónica, y José Vicente de los Mozos, nuevo consejero delegado de Indra.
La trama se origina en la financiación de un programa informático destinado a la cátedra de Transformación Social Corporativa que Gómez codirige en la Universidad Complutense. Las acusaciones populares, que incluyen a organizaciones como Hazte Oír y Vox, han ampliado la querella inicial, sugiriendo que Gómez pudo haber obtenido financiación de estas empresas debido a su relación con el presidente del Gobierno. En este contexto, el juez Peinado ha solicitado información sobre las inversiones realizadas por Indra, Telefónica y Google España en el proyecto.
### Inversiones y Testimonios Clave
Hasta ahora, se ha revelado que Telefónica aportó aproximadamente 50.000 euros en recursos humanos, mientras que Google invirtió 110.000 euros y Indra contribuyó con 128.442 euros para el desarrollo del software. Este miércoles, Murtra y otros directivos de Indra han sido llamados a declarar para explicar su participación en el proyecto. La investigación busca esclarecer por qué estas empresas estaban interesadas en financiar un proyecto universitario específico.
Entre los testigos citados se encuentran Manuel Ausaverri, director de estrategia de Indra, y Fernando Abril Martorell, exdirector ejecutivo de la compañía. Estos altos ejecutivos han sido identificados por otros directivos como los responsables de la inversión en la cátedra de Gómez. La declaración de estos testigos es crucial, ya que se espera que aporten información sobre la naturaleza de la colaboración entre las empresas y la cátedra.
El juez Peinado ha estado recopilando testimonios desde el pasado mes de diciembre, cuando comenzó a investigar las inversiones realizadas por las empresas tecnológicas. En sesiones anteriores, directivos de Google, como Miguel Rodríguez Bueno y Miguel Escassi, han defendido que su colaboración con la cátedra formaba parte de sus esfuerzos por apoyar la transformación digital en España. Sin embargo, la naturaleza exacta de esta colaboración sigue siendo objeto de escrutinio.
### Nuevas Líneas de Investigación
Además de la financiación del software, el juez Peinado ha ampliado su investigación a otros aspectos relacionados con la cátedra de Begoña Gómez. Uno de los puntos de interés es el nombramiento de Cristina Álvarez como asistente de Gómez en Moncloa, donde se sospecha que pudo haber utilizado su puesto para realizar gestiones profesionales ajenas a su función oficial. Este capítulo ha dado lugar a una pieza separada por posible malversación, en la que ya han declarado como testigos varios funcionarios, incluyendo al ministro Bolaños.
La investigación también ha tocado la relación de Gómez con Globalia y la influencia que pudo haber ejercido para el rescate de Air Europa. Aunque el juez Peinado ha desistido de investigar este último aspecto, ha dejado abierta la posibilidad de seguir indagando en la vinculación de Gómez con el empresario Juan Carlos Barrabés, quien ha sido mencionado en relación con la obtención de contratos públicos.
La situación se complica aún más con la reciente decisión de la Audiencia Provincial de Madrid, que ha recordado al juez que debe concentrarse en las líneas de investigación que permanecen activas, especialmente aquellas relacionadas con la cátedra y su financiación. Esto sugiere que la investigación podría seguir desarrollándose en los próximos meses, a medida que se recopilen más testimonios y se analicen las pruebas presentadas.
La implicación de altos ejecutivos de empresas como Telefónica, Indra y Google en este caso ha generado un gran interés mediático y público, dado el perfil de los involucrados y la naturaleza de las acusaciones. La investigación no solo pone en tela de juicio la ética empresarial y la transparencia en la financiación de proyectos académicos, sino que también plantea preguntas sobre la influencia política y las conexiones entre el sector privado y el gobierno.
A medida que avanza la investigación, se espera que más detalles salgan a la luz, lo que podría tener repercusiones significativas tanto para las empresas implicadas como para el propio gobierno. La atención se centra ahora en las próximas declaraciones de los testigos y en cómo el juez Peinado manejará las complejidades de este caso que ha capturado la atención de la opinión pública.
