La reciente riada que afectó a la Comunidad Valenciana ha dejado una huella profunda en el paisaje agrícola de la región, especialmente en áreas como Requena-Utiel. Este fenómeno natural, que ocurrió en octubre del año pasado, ha transformado no solo el entorno físico, sino también la vida de cientos de agricultores que se han visto despojados de sus tierras. La decisión del Gobierno de convertir estas parcelas privadas en Dominio Público Hidráulico (DPH) ha generado un clima de incertidumbre y descontento entre los afectados, quienes ahora enfrentan la pérdida de sus propiedades sin recibir compensaciones adecuadas.
La declaración de DPH implica que las tierras afectadas, junto con sus márgenes inundables, pasan a ser propiedad pública. Esto significa que los agricultores que antes tenían derechos sobre sus tierras ahora se encuentran en una situación legal compleja, donde sus parcelas han desaparecido del registro y dependen completamente de las decisiones administrativas. La situación es especialmente crítica para aquellos que tenían explotaciones en plena producción, con derechos de riego y ayudas de la Política Agraria Común (PAC) vigentes.
Laura Pérez, una viticultora de Requena, ha compartido su angustia al ver cómo sus cuatro hectáreas de viñedo junto al río Magro han sido absorbidas por el DPH. «Han pasado mis tierras al Dominio Público Hidráulico, así que ya no existen para mí y sigo sin saber qué hacer», lamenta. Otro agricultor, Antonio García, también se encuentra en una situación desesperante, ya que se acerca la vendimia y no puede cosechar debido a que sus parcelas siguen sin repararse, a pesar de las promesas de ayuda.
La Unió Llauradora ha estimado que las pérdidas en viñas destinadas a la producción de cava superan los 50.000 euros en un solo año. Luis Javier Navarro, vicesecretario de la organización, ha exigido al Ministerio de Transición Ecológica que se establezca un procedimiento claro para los afectados. Esto incluye la actualización de los mapas del Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (SIGPAC), la notificación personal a cada propietario y la apertura de un plazo para alegaciones. Además, se solicita que se reconozca el derecho a trasladar los permisos de riego, los pozos y las ayudas de la PAC a nuevas fincas, para que los agricultores no pierdan sus ingresos futuros.
La falta de claridad en la situación ha llevado a muchos a cuestionar la gestión del Gobierno. A día de hoy, las delimitaciones del DPH aún no se reflejan en el visor público del SIGPAC, lo que alimenta la incertidumbre entre los propietarios. Mientras tanto, la Consejería de Agricultura ha anunciado un paquete de ayudas de 145 millones de euros, de los cuales 103 millones están destinados a 2025 y 25 millones más para infraestructuras hidráulicas. Sin embargo, la oposición ha criticado al Ejecutivo por su «silencio inaceptable» y ha señalado que las compensaciones ofrecidas son insuficientes y están por debajo del valor real de las tierras.
En el ámbito nacional, el Ministerio de Agricultura ha informado que hasta julio de 2025 se habían abonado 77 millones de euros a 9.242 agricultores por pérdidas de renta, además de habilitar créditos ICO a bajo interés. Sin embargo, más de la mitad de las solicitudes fueron rechazadas debido a problemas administrativos. A esto se suman los 51 millones pagados por Agroseguro a explotaciones aseguradas. Recientemente, se publicó un nuevo listado con 2.579 agricultores que recibirán 15 millones de euros adicionales para daños no cubiertos por seguros, así como 31 viveros que accederán a 2,3 millones. Sin embargo, los agricultores cuyas parcelas han pasado a ser dominio público siguen sin recibir información clara sobre cuándo y cuánto cobrarán, lo que agrava aún más su situación.
La situación en Valencia es un claro ejemplo de cómo un desastre natural puede desencadenar una serie de problemas económicos y legales que afectan a la vida de muchas personas. La falta de respuestas concretas por parte del Gobierno y la incertidumbre sobre el futuro de las tierras agrícolas han llevado a muchos a cuestionar la eficacia de las políticas de gestión de crisis y la protección de los derechos de los agricultores. En un momento en que la agricultura es fundamental para la economía local, es crucial que se tomen medidas efectivas para apoyar a aquellos que han perdido todo debido a la riada.
