La situación de los cuerpos de seguridad en Málaga ha alcanzado un punto crítico, donde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y el Sindicato Unificado de Policía (SUP) han decidido alzar la voz ante lo que consideran un «abandono institucional» por parte del Gobierno. Este miércoles, ambos colectivos se concentraron en la ciudad para denunciar la creciente brecha entre los recursos del Estado y los del crimen organizado, especialmente en la lucha contra el narcotráfico en la Costa del Sol.
Los representantes de estas organizaciones han expresado su preocupación por la falta de medios y recursos que enfrentan los agentes que combaten el narcotráfico y las redes criminales en la región. Juan Fernández, secretario de la AUGC, enfatizó que los agentes se juegan la vida con herramientas insuficientes, mientras que las mafias operan con una capacidad logística y económica muy superior. «Nosotros, en un Seat 600 y ellos, en un Ferrari. Viajamos en una zodiac, mientras ellos navegan en una embarcación con tres motores a la que no podemos dar alcance», afirmó Fernández, ilustrando la desigualdad en la que se encuentran los cuerpos de seguridad.
La AUGC y el SUP no solo han denunciado la escasez de recursos materiales y humanos, sino que también han recordado el incumplimiento del acuerdo de equiparación salarial firmado en 2018. Este acuerdo, que buscaba reducir las diferencias retributivas entre los cuerpos policiales, ha sido ignorado por el Ministerio del Interior, lo que ha llevado a que la brecha salarial se vuelva a abrir. Además, ambos colectivos han solicitado el reconocimiento de la profesión de riesgo, una categoría que ya poseen los cuerpos de policía autonómicos y locales. «Protegemos a la sociedad, pero quien nos tiene que proteger no lo hace», lamentó Fernández.
La Costa del Sol se ha convertido en un punto estratégico para grupos internacionales de crimen organizado, lo que agrava aún más la situación. Según la AUGC, los investigadores se enfrentan a grupos que disponen de tecnología avanzada, vehículos potentes y embarcaciones de gran velocidad, mientras que las unidades de la Guardia Civil siguen dependiendo de recursos obsoletos o escasos. «Nosotros lo suplimos con esfuerzo personal», aseguró Fernández, quien también destacó la necesidad de apoyo estatal para mejorar las condiciones laborales y de jubilación de los agentes.
Carlos Prieto, portavoz del SUP, coincidió en el diagnóstico y subrayó que la Policía ha estado denunciando durante años una discriminación en el trato y la falta de reconocimiento como profesión de riesgo. En la Costa del Sol, la situación se ha vuelto insostenible, con un aumento de organizaciones criminales que operan sin restricciones. Prieto mencionó que el catálogo de puestos de trabajo de la Policía no se ha actualizado en 20 años, lo que no se adapta a la nueva realidad delincuencial.
Además, Prieto destacó que los policías sufren una pérdida retributiva de alrededor del 30% al jubilarse a los 65 años, lo que agrava aún más la situación económica de los agentes. En respuesta a esta situación, la AUGC y el SUP han iniciado una campaña de movilización que incluye mesas informativas en Andalucía, con la intención de extender la protesta a otras comunidades autónomas. «Queremos que la ciudadanía sepa el trato que se nos da», afirmaron desde ambas organizaciones, enfatizando que si no se cuida a quienes están cuidando, toda la sociedad se desmorona.
La falta de recursos y el incumplimiento de acuerdos por parte del Gobierno no solo afectan a la moral de los cuerpos de seguridad, sino que también pueden repercutir en la seguridad pública. La AUGC y el SUP han hecho un llamado a la ciudadanía para que se una a su causa y apoye sus reivindicaciones, ya que consideran que la seguridad de todos depende del bienestar de quienes están en la primera línea de defensa contra el crimen organizado. La lucha desigual que enfrentan los agentes en Málaga es un reflejo de un problema más amplio que afecta a la seguridad y la justicia en toda la sociedad.
