La Sindicatura de Comptes ha identificado incidencias graves en 66 contratos no menores adjudicados por la Generalitat tras la DANA de 2024–2025. El gasto total alcanzó 356,1 millones de euros, pero la fiscalización reveló debilidades estructurales en transparencia, control y capacidad operativa. Falta de personal estable, concentración excesiva de contratos en pocas empresas y procedimientos acelerados sin suficiente control previo ponen en riesgo la economía pública, la eficacia de la respuesta emergente y el cumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público.
¿Qué irregularidades detectó la Sindicatura de Comptes en los contratos DANA?
La fiscalización identificó tres fallos recurrentes: precios no justificados, número insuficiente de ofertas solicitadas y ausencia de protocolos claros para gestionar conflictos de interés. Muchos expedientes se tramitaron bajo el régimen excepcional de urgencia, pero la formalización y publicidad fueron posteriores. Eso vulnera el principio de transparencia previa exigido por la normativa.
Falta de personal técnico estable y capacitado
Las entidades de la Generalitat carecen de recursos humanos estables para gestionar contratos de emergencia. El informe señala que el personal no tiene formación específica en contratación pública ni suficiente experiencia. Esto afecta directamente la aplicación de los principios de economía, eficiencia y eficacia.
¿Por qué hay tanta concentración de gasto en pocas empresas?
El 78 % del gasto se canalizó a través de diez operadores económicos, principalmente grandes constructoras y empresas de gestión ambiental. Esta concentración reduce la competencia y aumenta el riesgo de colusión tácita o dependencia operativa. No se justificó adecuadamente la exclusión de PYMEs ni la ausencia de mecanismos de rotación de adjudicatarios.
Relación con el marco legal vigente
La Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público permite la urgencia excepcional, pero exige documentación rigurosa y control posterior. La Sindicatura constató que muchos expedientes carecían de informes técnicos previos, análisis de costes comparativos o evaluaciones de riesgo. Eso contraviene el artículo 120 y el anexo IV de la norma.
¿Cuál es el impacto económico real de estas irregularidades?
La concentración de gasto y la falta de control generan sobrecostes estimados entre el 12 % y el 18 % en actuaciones de restauración viaria y gestión de residuos. Además, la dependencia de grandes empresas limita la capacidad de respuesta ante futuras emergencias. El déficit de personal técnico también retrasa la auditoría interna y dificulta la rendición de cuentas ante la ciudadanía.
Contexto actual: más presión tras la DANA de 2024
Tras las inundaciones catastróficas, la Generalitat activó mecanismos de contratación exprés. Pero la presión no justifica la omisión de controles. El Tribunal de Cuentas ya ha abierto expedientes paralelos. El Parlamento de Cataluña ha solicitado un informe adicional sobre el uso de fondos europeos NextGenerationEU vinculados a estas actuaciones.
¿Qué dice el informe sobre la gestión por consellerias y entidades SPI?
Las consellerias de Medio Ambiente, Agricultura y Educación concentraron el 63 % del gasto. Las entidades del sector público instrumental (SPI) asumieron el 29 %, especialmente en restauración de infraestructuras hidráulicas. Sin embargo, muchas SPI carecen de unidades de contratación propias y externalizan funciones clave sin supervisión directa.
Datos Clave
- 66 contratos fiscalizados por la Sindicatura de Comptes entre 2024 y 2025.
- Importe total: 356,1 millones de euros.
- 78 % del gasto adjudicado a solo 10 operadores económicos.
- El 41 % de los expedientes carecía de informe técnico previo a la adjudicación.
- Menos del 30 % de los técnicos involucrados tenían formación certificada en contratación pública.
- Se detectaron 14 casos con indicios de conflicto de interés no declarado.
La fiscalización no cuestiona la necesidad de la respuesta urgente. Pero sí exige reforzar los controles, profesionalizar los equipos de contratación y diversificar la base de proveedores. Sin eso, cada emergencia se convierte en una oportunidad para la opacidad, no para la resiliencia.
