La reciente comparecencia del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha marcado un hito en la lucha contra la corrupción en el país. En un contexto donde la confianza en las instituciones se ha visto erosionada por escándalos, Sánchez ha presentado un ambicioso Plan estatal que incluye una serie de medidas destinadas a fortalecer la integridad pública y prevenir prácticas corruptas. Este plan, elaborado en colaboración con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), se desglosa en cinco ejes fundamentales que abordan desde la prevención hasta la recuperación de bienes robados.
**Medidas de Prevención y Control**
Una de las iniciativas más destacadas es la creación de la Agencia de Integridad Pública Independiente, que se encargará de supervisar y prevenir la corrupción en la administración pública. Sánchez argumentó que la multiplicidad de organismos existentes ha generado ineficiencias y vacíos que deben ser corregidos. Esta nueva agencia busca centralizar y optimizar los esfuerzos en la lucha contra la corrupción.
Además, se ha propuesto un endurecimiento en la adjudicación de contratos públicos, extendiendo la metodología aplicada a los Fondos europeos Next Generation a toda la Administración del Estado. Esto implica que las condiciones de adjudicación serán más estrictas, lo que debería reducir las oportunidades de corrupción en la contratación pública.
Otro aspecto innovador es la utilización de inteligencia artificial para el análisis de datos. Sánchez anunció la creación de «mapas de riesgo y de integridad» que permitirán detectar vulnerabilidades y patrones anómalos en la contratación pública. Esta medida busca automatizar y optimizar la identificación de posibles fraudes, haciendo uso de la tecnología para mejorar la transparencia.
Por otro lado, se impondrá la obligación de que las empresas que deseen participar en contrataciones públicas implementen sistemas de compliance contra la corrupción. Esto incluye la firma de «pactos de integridad» para ciertos contratos, asegurando que las empresas asuman un compromiso serio con la ética y la transparencia.
**Protección de Denunciantes y Fortalecimiento de Sanciones**
El plan también contempla medidas para proteger a los denunciantes de corrupción. Se presentará un anteproyecto de ley que garantizará la confidencialidad de quienes informen sobre prácticas corruptas a las autoridades competentes. Esta medida es crucial para fomentar un entorno donde los ciudadanos se sientan seguros al denunciar irregularidades sin temor a represalias.
Además, se reforzará la capacidad sancionadora del Estado. Se crearán secciones especializadas en delitos contra la administración pública dentro de los nuevos tribunales de instancia, con jueces especializados en estos casos. Esto permitirá que las causas que involucren a cargos públicos tengan un carácter preferente y se tramiten de manera más ágil, evitando las «dilaciones calculadas» que han sido objeto de críticas en el pasado.
Sánchez también ha propuesto un endurecimiento de las penas por delitos contra la administración pública en el Código Penal, lo que implicará reformas significativas en esta normativa. Se plantea duplicar los plazos de prescripción y aumentar las multas a las empresas condenadas por corrupción, calculándolas no solo sobre los beneficios obtenidos, sino sobre sus ingresos anuales.
Por último, se implementará un sistema de listas negras para impedir que las empresas condenadas por corrupción puedan seguir contratando con la administración pública. Esta medida busca garantizar que las entidades que han demostrado comportamientos corruptos no tengan la oportunidad de seguir operando en el ámbito público.
**Recuperación de Bienes y Cultura de Integridad**
El plan también incluye un enfoque en la recuperación de bienes robados. Se reforzará la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, que se encargará de localizar y administrar los bienes obtenidos ilícitamente. Esta oficina trabajará en estrecha coordinación con juzgados y fiscalías, así como con la Fiscalía Europea, para asegurar que los activos robados sean recuperados y devueltos al Estado.
Una de las medidas más controvertidas es la introducción del «decomiso preventivo», que permitirá a la administración incautar bienes vinculados a actividades delictivas sin necesidad de una condena penal previa. Esta figura busca evitar que los responsables de corrupción oculten o dispongan de los activos antes de que la justicia actúe.
Finalmente, se llevarán a cabo estudios demoscópicos anuales sobre la percepción de la corrupción en España, acompañados de campañas de concienciación ciudadana. Esto no solo busca informar a la población sobre la corrupción, sino también fomentar una cultura de integridad y transparencia en todos los niveles de la administración pública.
El compromiso del Gobierno con la lucha contra la corrupción se manifiesta en estas medidas, que buscan no solo sancionar, sino también prevenir y educar. Con la colaboración de la OCDE, se establecerá un sistema de seguimiento y evaluación de estas iniciativas, asegurando que se mantenga un enfoque proactivo en la lucha contra la corrupción en el país.
