El Congreso de los Diputados ha aprobado recientemente una ley que busca castigar con penas de cárcel a los padres que opten por terapias de conversión para sus hijos del colectivo LGTBI+. Esta normativa, impulsada por el partido socialista, ha generado un amplio debate en la sociedad española, tanto por su contenido como por las implicaciones que puede tener en la vida de las familias y en la atención a la diversidad sexual y de género.
La ley ha sido aprobada con 311 votos a favor, donde se incluyen partidos como Sumar, ERC, PNV, Bildu, PSOE y BNG, mientras que la única oposición ha venido del partido Vox, con el PNV absteniéndose. La nueva legislación no solo busca endurecer las sanciones contra estas prácticas, que ya estaban contempladas en la Ley Trans de Irene Montero, sino que también pretende elevar la gravedad de estas acciones al nivel de delito en el Código Penal.
### Detalles de la Nueva Normativa
La reforma del artículo 173 del Código Penal establece que cualquier persona que aplique o practique terapias de conversión, ya sean psicológicas, físicas o farmacológicas, podría enfrentarse a penas de seis meses a dos años de cárcel. Esto incluye a aquellos que realicen actos destinados a modificar, reprimir o negar la orientación sexual, identidad sexual o expresión de género de una persona, siempre que esto afecte a su integridad corporal o salud mental.
Además, la ley contempla sanciones similares para los familiares o tutores legales que consientan, promuevan o faciliten estas terapias en menores de 18 años o en personas con discapacidad. En caso de que un juez lo considere necesario, se podría retirar la tutela o custodia durante un periodo de hasta cinco años. Esta medida ha sido defendida por el portavoz socialista, Víctor Gutiérrez, quien argumenta que la ley busca proteger a los menores de prácticas que pueden ser consideradas tortura.
Sin embargo, la ley ha suscitado críticas de diversos sectores. Por un lado, algunas feministas y grupos de madres han expresado su preocupación por la rigidez de la normativa, argumentando que puede limitar la capacidad de los padres para buscar un acompañamiento psicológico adecuado para sus hijos. La Agrupación de Madres de Adolescentes y Niños con Disforia Acelerada ha manifestado que la ley impone una visión rígida sobre la identidad de género, lo que podría dificultar el abordaje de las complejidades de la adolescencia.
### Reacciones en la Sociedad
Las reacciones a la aprobación de esta ley han sido diversas. Por un lado, muchos grupos de defensa de los derechos LGTBI+ han celebrado la medida como un avance significativo en la protección de los derechos de las personas queer. Consideran que la ley es un paso necesario para erradicar prácticas que han sido ampliamente desacreditadas y que pueden causar un daño psicológico y emocional considerable.
Por otro lado, hay quienes ven la ley como una amenaza a la libertad de los padres para tomar decisiones sobre la educación y el bienestar de sus hijos. Críticos de la ley argumentan que, aunque las terapias de conversión son ampliamente rechazadas, la legislación podría llevar a situaciones en las que los padres se sientan incapaces de buscar ayuda para sus hijos en momentos de confusión o crisis de identidad. Esta preocupación se ve reflejada en las declaraciones de algunos grupos que abogan por un enfoque más comprensivo y menos punitivo hacia la diversidad sexual.
La ley también ha generado un debate más amplio sobre la libertad de expresión y la autonomía parental. Algunos argumentan que la normativa podría llevar a una criminalización de las discusiones sobre identidad de género en el ámbito familiar, lo que podría tener efectos adversos en la comunicación entre padres e hijos. La posibilidad de que los padres enfrenten consecuencias legales por simplemente expresar sus preocupaciones o buscar alternativas para el bienestar de sus hijos ha sido un punto de controversia en el debate público.
En este contexto, la fase de enmiendas que sigue a la aprobación de la ley será crucial. Los grupos que apoyaron la medida ahora se encuentran en la tarea de negociar un texto que pueda satisfacer a todas las partes involucradas. La presión por encontrar un equilibrio entre la protección de los derechos LGTBI+ y la libertad de los padres para tomar decisiones sobre la crianza de sus hijos será un desafío significativo para los legisladores.
La nueva ley contra las terapias de conversión es un reflejo de los cambios en la percepción social sobre la diversidad sexual y de género en España. A medida que la sociedad avanza hacia una mayor aceptación y reconocimiento de los derechos de las personas LGTBI+, también surgen tensiones y debates sobre cómo se deben abordar estas cuestiones en el ámbito legal y familiar. La implementación de esta ley y su impacto en la vida de las familias y en la atención a la diversidad será un tema a seguir de cerca en los próximos meses.
