La reciente investigación sobre el caso Koldo ha destapado una serie de presiones ejercidas por Ángel Víctor Torres, el expresidente de Canarias, hacia sus funcionarios y el Gobierno central durante la pandemia. Este escándalo ha puesto en el centro de la atención pública las maniobras que se llevaron a cabo para favorecer a ciertas empresas en la adquisición de material sanitario, lo que ha generado un gran revuelo en el ámbito político y social.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha presentado un informe que incluye más de un centenar de mensajes de WhatsApp y audios entre Torres y Koldo García, un asesor del Ministerio de Transportes, que revelan la implicación directa del ex presidente canario en la gestión de contratos durante la crisis sanitaria. A pesar de las afirmaciones de Torres de que no hubo contacto con García para favorecer a empresas, las pruebas documentales contradicen sus declaraciones.
Uno de los aspectos más preocupantes de este caso es la presión que Torres ejerció sobre sus funcionarios para acelerar los pagos de contratos que, según los técnicos, no cumplían con las especificaciones necesarias. En particular, se menciona la venta de mascarillas por un valor de 12 millones de euros, donde los funcionarios mostraron reticencias debido a la falta de comprobaciones en los expedientes. Torres, en un intento por sortear estas objeciones, llegó a amenazar con cesar a la directora general de Recursos Económicos del Servicio Canario de Salud, quien se opuso a los pagos por considerar que las mascarillas no cumplían con los estándares requeridos.
### La Red de Influencias y Presiones
El informe de la UCO no solo destaca la presión ejercida por Torres, sino también las maniobras que se llevaron a cabo para asegurar que las empresas de Koldo García obtuvieran contratos millonarios. En un contexto donde la urgencia por adquirir material sanitario era crítica, las acciones de Torres parecen haber estado motivadas por intereses personales y conexiones con el empresario Víctor de Aldama, quien se benefició de estos contratos.
Los audios y mensajes revelan que Torres no solo se limitó a presionar a sus funcionarios, sino que también intentó involucrar a altos funcionarios del Gobierno central para facilitar la adjudicación de contratos. En uno de los mensajes, Torres menciona que ha activado el «paso último de comprobación» requerido por los servicios técnicos, lo que indica que estaba dispuesto a saltarse los procedimientos establecidos para favorecer a las empresas de su círculo cercano.
Además, el informe detalla cómo Torres llegó a comunicarse directamente con socios de De Aldama, asegurando que había tenido conversaciones con el entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, para obtener una «buena recepción» sobre los contratos que estaban en juego. Esta relación entre Torres y los empresarios involucrados plantea serias dudas sobre la ética y la transparencia en la gestión pública durante un periodo crítico para la salud de la población.
### Implicaciones Políticas y Sociales
La revelación de estas presiones y maniobras ha generado un fuerte impacto en la opinión pública y ha llevado a cuestionar la integridad de los líderes políticos en Canarias. La situación se complica aún más con las declaraciones de Torres, quien ha insistido en que no hubo nada delictivo en sus acciones y ha anunciado su intención de demandar a De Aldama por las acusaciones en su contra.
El caso Koldo no solo pone de manifiesto la necesidad de una mayor transparencia en la gestión pública, sino que también resalta la importancia de establecer mecanismos de control que eviten que situaciones similares se repitan en el futuro. La confianza de la ciudadanía en sus representantes se ve seriamente afectada cuando se descubren prácticas que parecen favorecer a unos pocos a expensas de la salud y el bienestar de la población en general.
A medida que avanza la investigación, se espera que surjan más detalles sobre la red de influencias que operó durante la pandemia en Canarias. La presión social por respuestas claras y acciones contundentes es cada vez más fuerte, y la sociedad demanda que se tomen medidas para garantizar que la corrupción no tenga cabida en la gestión de recursos públicos, especialmente en momentos de crisis como los que se vivieron durante la pandemia de COVID-19.
