El gobierno de Pedro Sánchez se enfrenta a un nuevo desafío en su lucha contra la corrupción, ya que el Consejo de Europa ha emitido un informe que destaca el incumplimiento de 19 recomendaciones anticorrupción. Desde 2019, este organismo ha estado instando a España a implementar medidas efectivas para combatir la corrupción, pero los avances han sido mínimos. A pesar de que se han presentado algunos proyectos legislativos, el Consejo de Europa ha señalado que estos no se han materializado en acciones concretas.
### La Evaluación del Consejo de Europa
El informe del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa revela que el incumplimiento total se mantiene en tres de las recomendaciones, mientras que anteriormente eran seis. Este retroceso ha llevado a la organización a solicitar un informe detallado de los progresos realizados por el gobierno español antes del 30 de junio de 2026. Alain Berset, secretario general del Consejo de Europa, ha instado al ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, a tomar medidas decisivas para lograr avances tangibles en la lucha contra la corrupción.
Una de las recomendaciones más críticas se refiere al régimen de los asesores del Gobierno. El GRECO ha señalado que estos asesores deben estar sujetos a las mismas exigencias de transparencia e integridad que los altos funcionarios del Ejecutivo. Sin embargo, no se ha observado un progreso significativo en la regulación de su trabajo, lo que plantea serias dudas sobre la transparencia en la administración pública.
### Aforamiento y Conflictos de Intereses
Otro aspecto que ha sido objeto de críticas es el aforamiento de los miembros del Gobierno. Desde 2019, se ha solicitado una revisión de este régimen para garantizar que la justicia pueda actuar sin impedimentos ante sospechas de corrupción. Aunque las autoridades españolas argumentan que el aforamiento no obstruye la acción judicial, el GRECO no está convencido y considera que es necesario un cambio legislativo que limite su alcance.
El GRECO también ha expresado su preocupación por la falta de reglas de transparencia en las relaciones entre los grupos de presión y los responsables del Gobierno y del Parlamento. La organización ha instado a que se establezcan normas claras que permitan identificar a las personas involucradas y los asuntos tratados en estas interacciones. Aunque se ha aprobado un proyecto de ley que busca mejorar la transparencia y la integridad de las actividades de los grupos de interés, el GRECO ha lamentado que no se haya incluido la recomendación sobre la transparencia de las agendas, lo que representa una oportunidad perdida para avanzar en este ámbito.
Además, el Consejo de Europa ha señalado la necesidad de reforzar las restricciones sobre las llamadas ‘puertas giratorias’, que permiten a los funcionarios públicos pasar a posiciones en el sector privado, lo que podría dar lugar a conflictos de intereses. Aunque se han propuesto enmiendas legislativas para ampliar la limitación de empleo en el sector privado, el GRECO ha subrayado que estas propuestas aún están en fase de discusión y no se han adoptado.
La situación actual refleja un panorama preocupante en la lucha contra la corrupción en España. A pesar de las promesas de reformas y de la presión internacional, el gobierno de Sánchez parece estar estancado en su capacidad para implementar cambios significativos. La falta de acción concreta y la resistencia a abordar las recomendaciones del Consejo de Europa podrían tener repercusiones negativas en la percepción pública y en la confianza en las instituciones.
La corrupción no solo afecta la imagen del gobierno, sino que también tiene un impacto directo en la calidad de vida de los ciudadanos. La falta de transparencia y la impunidad de los altos funcionarios pueden llevar a un descontento generalizado y a una erosión de la confianza en la democracia. En este contexto, es fundamental que el gobierno tome en serio las recomendaciones del Consejo de Europa y actúe con determinación para abordar estos problemas.
La lucha contra la corrupción es un proceso complejo que requiere un compromiso genuino por parte de todos los actores involucrados. La presión internacional puede ser un catalizador para el cambio, pero al final, son las acciones concretas y la voluntad política las que determinarán el éxito de estas iniciativas. La sociedad civil también juega un papel crucial en este proceso, ya que la vigilancia y la exigencia de rendición de cuentas son esenciales para garantizar que los gobiernos actúen en beneficio de la ciudadanía y no de intereses particulares.
En resumen, el informe del Consejo de Europa es un llamado de atención para el gobierno español. La lucha contra la corrupción no puede ser vista como una mera formalidad, sino como una prioridad que debe ser abordada con seriedad y urgencia. Solo a través de un compromiso real y de acciones efectivas se podrá restaurar la confianza en las instituciones y garantizar un futuro más transparente y justo para todos los ciudadanos.
