La situación económica actual en España ha llevado a un escenario preocupante para los colectivos más vulnerables. La falta de aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) ha resultado en la congelación del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), una medida que afecta directamente a millones de ciudadanos. Este artículo explora cómo esta decisión del gobierno impacta en las ayudas y subsidios destinados a los más necesitados, así como las implicaciones a largo plazo de esta política.
**El IPREM: Un Pilar Fundamental para las Ayudas Sociales**
El IPREM es un indicador clave en España, utilizado para determinar la cuantía de diversas prestaciones sociales, becas y ayudas. Desde 2023, este índice se ha mantenido en 8.400 euros anuales, lo que equivale a 600 euros mensuales distribuidos en 14 pagas. Esta congelación ha tenido un efecto directo en las ayudas que reciben los ciudadanos, especialmente aquellos que dependen del subsidio por desempleo, los autónomos sin actividad y los becarios.
La prestación por desempleo, que se calcula en función del IPREM, se ha visto afectada. Por ejemplo, el subsidio más común asciende al 80% del IPREM, lo que se traduce en 480 euros al mes. Si el IPREM se hubiera ajustado a la inflación o al Salario Mínimo Interprofesional, esta cantidad habría sido mayor, beneficiando a quienes dependen de estas ayudas. La congelación del IPREM no solo representa un ahorro para el Estado, sino que también implica una pérdida de poder adquisitivo para los beneficiarios.
**Impacto en las Becas y Ayudas Educativas**
Uno de los sectores más afectados por la congelación del IPREM es el educativo. Las becas del Ministerio de Educación, que se otorgan en función de los umbrales de renta establecidos a partir del IPREM, han visto cómo muchas familias que antes eran elegibles ahora quedan excluidas. Esto ocurre porque cualquier aumento, por mínimo que sea, en los ingresos de estas familias puede hacer que superen el umbral establecido, privándolas de la ayuda necesaria para cubrir los costos educativos, incluyendo material y tasas universitarias.
La situación es alarmante, ya que las familias que apenas logran cubrir sus necesidades básicas se ven forzadas a renunciar a la educación superior de sus hijos debido a la falta de apoyo económico. La educación es un derecho fundamental, y la imposibilidad de acceder a becas puede perpetuar el ciclo de pobreza en el que se encuentran muchas de estas familias.
**Acceso a la Justicia Gratuita**
Otro aspecto crítico que se ve afectado por la congelación del IPREM es el acceso a la justicia gratuita. Para poder acceder a este derecho, los ingresos del solicitante no deben superar un determinado número de veces el IPREM. Con la congelación, muchas familias de bajos ingresos que aún necesitan asistencia legal se ven excluidas de este servicio esencial. Esto no solo limita su acceso a la justicia, sino que también puede llevar a situaciones de desprotección legal, donde las personas no pueden defender sus derechos debido a su situación económica.
**Ayudas a la Vivienda y Políticas Sociales**
El IPREM también juega un papel crucial en el acceso a políticas de vivienda y bonos sociales. Las ayudas para la compra o alquiler de Vivienda de Protección Oficial (VPO) están condicionadas a que los ingresos familiares no superen ciertos múltiplos del IPREM. La congelación de este indicador ha creado un muro que impide a muchas familias acceder a estas ayudas, dejándolas en una situación de vulnerabilidad aún mayor en un contexto de aumento de precios y costes de vida.
La falta de actualización del IPREM no solo reduce el poder de compra de las ayudas existentes, sino que también restringe el acceso a nuevos solicitantes. Esto significa que muchas familias que apenas logran cubrir sus necesidades básicas quedan automáticamente fuera de la red de protección social, lo que agrava su situación económica.
**Un Ahorro a Costa de la Vulnerabilidad**
El gobierno ha argumentado que la falta de actualización del IPREM representa un ahorro significativo en el gasto social, estimado en alrededor de 1.000 millones de euros al año. Esta cifra es comparable a una décima parte del presupuesto destinado a Defensa, lo que pone de manifiesto las prioridades del gobierno en términos de gasto público. Sin embargo, este ahorro se traduce en un aumento de la vulnerabilidad económica para aquellos que dependen de las ayudas y subsidios.
La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha afirmado que no se dan por perdidos los nuevos Presupuestos Generales del Estado para 2026. Sin embargo, la incertidumbre sobre cuándo se tramitarán estos presupuestos deja a millones de ciudadanos en una situación precaria, sin saber si recibirán el apoyo que necesitan para sobrevivir en un entorno económico cada vez más difícil.
**La Necesidad de un Cambio**
Es fundamental que el gobierno tome medidas para abordar esta situación. La actualización del IPREM no solo es necesaria para garantizar que las ayudas y subsidios se mantengan al día con el costo de vida, sino que también es un paso crucial para asegurar que los más vulnerables no queden excluidos de la red de protección social. La falta de acción en este sentido podría tener consecuencias devastadoras para millones de personas que ya enfrentan dificultades económicas.
La situación actual exige un enfoque más humano y solidario por parte del gobierno. La política económica debe centrarse en el bienestar de todos los ciudadanos, especialmente de aquellos que se encuentran en situaciones más vulnerables. La congelación del IPREM es un claro ejemplo de cómo las decisiones políticas pueden tener un impacto directo en la vida de las personas, y es responsabilidad del gobierno garantizar que nadie quede atrás en este proceso.
