El reciente anuncio del partido Junts, liderado por Carles Puigdemont, de bloquear todas las iniciativas legislativas del Gobierno ha generado una serie de reacciones y preocupaciones en la Comunitat Valenciana. La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha dejado claro que su partido no apoyará ninguna ley presentada por el Ejecutivo, lo que pone en jaque la posibilidad de aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2026. Esta situación no solo afecta al Gobierno central, sino que tiene repercusiones directas en la gestión y financiación de la Comunitat Valenciana, que lleva años esperando reformas necesarias para su desarrollo.
La falta de apoyo de Junts significa que el Gobierno de Pedro Sánchez no podrá contar con los siete votos que necesita para alcanzar la mayoría en el Congreso. Esto se traduce en una prórroga de los presupuestos de 2023, que ya han sido criticados por su insuficiencia, especialmente en la provincia de Alicante, que ha quedado relegada a la última posición en el reparto de inversiones. La situación se agrava aún más si se considera que la Comunitat Valenciana ha sido históricamente una de las autonomías más maltratadas en términos de financiación, con un modelo que ha quedado obsoleto desde 2014.
### Consecuencias de la Falta de Presupuestos
La prórroga de los presupuestos implica que la Comunitat Valenciana seguirá recibiendo los mismos recursos que en 2023, lo que perpetúa una situación de infrafinanciación. La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha estado trabajando en la elaboración de los nuevos presupuestos, pero la falta de apoyos parlamentarios ha llevado a la conclusión de que no se podrán aprobar. Esto significa que la región no podrá acceder a nuevas inversiones y recursos que son vitales para su desarrollo económico y social.
Además, la ausencia de un nuevo modelo de financiación autonómica, que debería haberse implementado a través de una modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), mantiene a la Comunitat Valenciana en una situación de desventaja frente a otras autonomías. La propuesta de un nuevo modelo de financiación, que se había mencionado en reuniones del Consejo de Política Fiscal y Financiera, no ha avanzado, dejando a la región sin un mecanismo que corrija la infrafinanciación que ha sufrido durante años.
La situación se complica aún más con la reciente eliminación del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), que era una herramienta crucial para ayudar a las comunidades autónomas a gestionar sus déficits. Sin este apoyo, la deuda de la Comunitat Valenciana sigue creciendo, lo que pone en riesgo su estabilidad financiera y su capacidad para afrontar futuras crisis.
### Bloqueo de Iniciativas Legislativas
El veto de Junts no solo afecta a los presupuestos, sino que también tiene implicaciones para otras iniciativas legislativas que son cruciales para la Comunitat Valenciana. Por ejemplo, la proposición de ley para derogar los Decretos de Nueva Planta, que busca reconocer las singularidades institucionales y culturales de la región, podría quedar en el limbo si Junts mantiene su posición de bloqueo. Esta iniciativa, que ha sido respaldada por varios partidos, busca saldar una deuda histórica con la memoria política de los territorios afectados.
Asimismo, la reforma de la ley de Costas, que ha sido objeto de debate en el Senado, también podría verse afectada. Aunque el Gobierno ha estado bloqueando esta reforma desde hace meses, el veto de Junts podría hacer que no se avance en su tramitación, lo que limita la capacidad de la Comunitat Valenciana para gestionar sus recursos costeros de manera efectiva.
La situación actual plantea un escenario incierto para la Comunitat Valenciana, que se enfrenta a un bloqueo legislativo que podría tener consecuencias duraderas en su desarrollo y bienestar. La falta de recursos y la incapacidad para avanzar en reformas necesarias pone en riesgo no solo la estabilidad económica de la región, sino también su capacidad para responder a las necesidades de sus ciudadanos. En este contexto, la presión sobre el Gobierno para encontrar soluciones que permitan desbloquear la situación se intensifica, mientras la Comunitat Valenciana sigue esperando respuestas a sus demandas de financiación y apoyo.
