La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha revelado un escándalo que involucra al ministro de Política Territorial y Función Pública, Ángel Víctor Torres, en un circuito de pagos que alimentó una trama de corrupción. Este caso ha captado la atención del público y ha generado un intenso debate sobre la ética en la política y la gestión de recursos públicos. Según un informe policial, Torres, en su calidad de presidente de Canarias, habría facilitado la agilización de pagos a una empresa adjudicataria de contratos de emergencia por mascarillas, desviando fondos para el pago de comisiones ilegales.
### La Conexión entre Torres y la Trama de Corrupción
El informe de la UCO detalla cómo Torres mantuvo una relación cercana con Koldo García, un asesor del exministro José Luis Ábalos, durante el periodo crítico de la pandemia. Los investigadores han encontrado evidencia de una «connivencia operativa y sostenida» entre ambos, lo que sugiere que Torres no solo estaba al tanto de las irregularidades, sino que también participó activamente en ellas. Los mensajes intercambiados entre Torres y García durante el verano y otoño de 2020 son clave para entender la magnitud de esta implicación.
Uno de los mensajes más reveladores fue enviado por Torres el 1 de julio de 2020, donde aseguraba a García que estaba gestionando un asunto con la responsable de Recursos Económicos de Sanidad. Este tipo de comunicación, que debería haber sido manejada por los niveles técnicos de la administración, pone de manifiesto la inusual implicación de un presidente autonómico en los procesos administrativos. En otro mensaje, Torres informaba a García que se había dado orden de pago, lo que indica que estaba supervisando directamente los plazos y procedimientos de pago, algo que normalmente debería ser gestionado por funcionarios administrativos.
La UCO ha destacado que la rapidez con la que se gestionaron estos pagos es incompatible con los procedimientos reglados de pagos públicos. En un intercambio de mensajes, García expresó su preocupación por los retrasos en los pagos, a lo que Torres respondió casi de inmediato, indicando que estaba en contacto con el consejero de Sanidad y que el asunto estaba «resuelto». Esta inmediatez y la naturaleza de la comunicación sugieren que Torres estaba operando al margen de los cauces administrativos establecidos.
### Implicaciones Legales y Éticas
El informe de la UCO también menciona que Torres facilitó información y documentación reservada a García, lo que podría constituir una violación de los principios de confidencialidad administrativa. La UCO ha señalado que la estructura dirigida por Torres actuó como una «oficina de pagos paralela», priorizando ciertos contratos sobre otros y presionando para que las facturas se resolvieran con urgencia. Esto plantea serias preguntas sobre la ética en la gestión pública y la responsabilidad de los funcionarios en el manejo de recursos públicos.
Uno de los aspectos más controvertidos del caso es la supuesta solicitud de una comisión de 50.000 euros por parte de Koldo García a cambio de acelerar los pagos. Aunque Torres ha negado cualquier implicación en este tipo de prácticas, el hecho de que se haya mencionado una mordida en el contexto de un proceso administrativo tan crítico es alarmante. La UCO ha indicado que este tipo de comportamiento es «anómalo e impropio» en una contratación pública, lo que podría tener graves repercusiones legales para Torres y otros involucrados.
La situación se complica aún más por el contexto en el que se desarrollaron estos eventos. Durante la pandemia, la presión sobre los gobiernos para actuar rápidamente y asegurar el suministro de equipos médicos era intensa. Sin embargo, esto no justifica la violación de procedimientos administrativos ni la corrupción. La UCO ha dejado claro que la implicación de Torres en este caso no solo es un asunto de gestión ineficaz, sino que también puede constituir un delito.
El escándalo ha generado un debate público sobre la corrupción en la política española y la necesidad de una mayor transparencia y rendición de cuentas. La confianza del público en las instituciones se ve amenazada cuando surgen casos como este, donde los funcionarios parecen actuar en beneficio propio en lugar de servir al interés público. La UCO continúa investigando el caso, y se espera que surjan más detalles a medida que avancen las indagaciones. La situación de Torres es un recordatorio de la importancia de la ética en la política y la necesidad de salvaguardar los recursos públicos de la corrupción.
