El Tribunal Supremo de España ha confirmado la decisión del Gobierno de no desclasificar toda la información relacionada con el espionaje al expresidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, utilizando el software Pegasus. Esta decisión ha suscitado un intenso debate sobre la seguridad nacional y la transparencia en las acciones de los servicios de inteligencia del país. La sentencia del alto tribunal, a la que se ha tenido acceso, sostiene que revelar toda la información solicitada podría comprometer la seguridad del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y, por ende, la seguridad de todos los ciudadanos.
La controversia se originó cuando la Generalitat de Cataluña presentó un recurso ante el Tribunal Supremo el 18 de marzo de 2024, buscando que el Gobierno desclasificara toda la información solicitada por el Juzgado de Instrucción Número 29 de Barcelona. Este juzgado investiga la denuncia de Aragonès, quien afirma haber sido víctima de un «espionaje masivo de orientación política o ideológica» por parte del CNI. Aunque el Gobierno accedió parcialmente a la solicitud, desclasificando información que confirmaba que el CNI había llevado a cabo actividades que afectaban el derecho al secreto de las comunicaciones de Aragonès, se negó a desclasificar detalles sobre la compra y uso del programa Pegasus.
### La decisión del Tribunal Supremo
El Tribunal Supremo, en su fallo, argumenta que la desclasificación de la información solicitada por la Generalitat podría revelar los métodos y procedimientos utilizados por el CNI, lo que no solo afectaría la eficacia de los servicios de inteligencia, sino que también podría poner en riesgo la seguridad del Estado y de sus ciudadanos. La magistrada Pilar Teso, encargada de la ponencia, destacó que la información solicitada podría hacer evidentes los medios de los que dispone el CNI, lo que generaría una vulnerabilidad inaceptable.
El alto tribunal también subrayó que la desclasificación no puede ser un proceso automático, incluso en el contexto de una investigación penal. La seguridad del Estado debe ser prioritaria, y el Tribunal considera que el Gobierno ya ha hecho un esfuerzo por desclasificar la información que era posible sin comprometer la seguridad nacional. En este sentido, el Supremo validó la decisión del Consejo de Ministros de desclasificar solo aquella información que no pusiera en riesgo la operatividad del CNI.
### Implicaciones para la Generalitat de Cataluña
La Generalitat de Cataluña, al presentar su recurso, argumentó que la gravedad de los hechos investigados justificaba la necesidad de acceder a toda la información. Sin embargo, el Tribunal Supremo ha dejado claro que la protección de la seguridad nacional es un principio que debe prevalecer sobre el acceso a la información en este caso. La Abogacía del Estado también se opuso a la desclasificación total, enfatizando que la seguridad del Estado debe ser equilibrada con el derecho a la información en el marco de una investigación penal.
El fallo del Tribunal Supremo ha generado reacciones mixtas en el ámbito político y social. Por un lado, algunos consideran que la decisión es necesaria para proteger la integridad de los servicios de inteligencia y la seguridad nacional. Por otro lado, hay quienes argumentan que la falta de transparencia en este tipo de casos puede erosionar la confianza pública en las instituciones y en la democracia misma.
El caso de Pere Aragonès y el uso del software Pegasus ha puesto de relieve la tensión existente entre la seguridad nacional y los derechos individuales. La decisión del Tribunal Supremo refuerza la idea de que, en situaciones donde la seguridad del Estado está en juego, la desclasificación de información sensible no puede ser tratada de manera ligera. La sentencia también plantea preguntas sobre el futuro de la supervisión de los servicios de inteligencia en España y la necesidad de un marco legal que garantice tanto la seguridad como la transparencia.
En resumen, el Tribunal Supremo ha respaldado la postura del Gobierno de no desclasificar toda la información solicitada en relación con el espionaje a Pere Aragonès, argumentando que hacerlo podría comprometer la seguridad nacional. Este fallo resalta la complejidad de equilibrar la seguridad del Estado con el derecho a la información y la transparencia, un dilema que seguirá siendo objeto de debate en el contexto político español.
