La situación política en España se encuentra en un punto crítico, especialmente en lo que respecta a la presentación de los Presupuestos Generales del Estado. El Partido Popular (PP), liderado por Alberto Núñez Feijóo, ha decidido llevar al Gobierno de Pedro Sánchez ante el Tribunal Constitucional debido a la falta de presentación de los Presupuestos por tercer año consecutivo. Esta acción se enmarca dentro de una estrategia más amplia del PP para presionar al Ejecutivo y demostrar su incapacidad para cumplir con las obligaciones constitucionales.
### La Falta de Presupuestos y sus Implicaciones
El artículo 134.3 de la Constitución Española establece que el Gobierno debe presentar los Presupuestos ante el Congreso al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior. Esto significa que, para cumplir con la normativa, el Ejecutivo debería haber presentado el proyecto presupuestario para 2026 a más tardar el 30 de septiembre de 2025. Sin embargo, hasta la fecha, el Gobierno no ha cumplido con este requisito, lo que ha llevado al PP a considerar que esta situación es una anomalía democrática.
La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha manifestado que la falta de Presupuestos no solo afecta la capacidad del Senado para ejercer su función legislativa, sino que también tiene repercusiones directas en la vida de los ciudadanos. Según García, «los presupuestos no son opcionales y la constitución no puede ser papel mojado». Esta afirmación resalta la importancia de los Presupuestos como herramienta fundamental para la gobernanza y la planificación económica del país.
El PP ha argumentado que la ausencia de un proyecto presupuestario impide al Senado ejercer su función de control sobre el Gobierno, lo que podría llevar a una parálisis en la administración pública. Esta situación ha sido utilizada por el partido como un punto de ataque contra Sánchez, quien ha insistido en que presentará los Presupuestos, pero que hasta ahora ha incumplido los plazos establecidos.
### Estrategia del PP: Conflicto de Atribuciones
La estrategia del PP para abordar esta situación implica la presentación de un conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional. Este procedimiento ha sido utilizado en otras ocasiones por el partido y se basa en la premisa de que el Gobierno está incumpliendo sus obligaciones constitucionales. En este caso, el PP tramitará la denuncia por la falta de Presupuestos a través de la vía del conflicto de atribuciones, lo que podría llevar a una resolución judicial sobre la materia.
El proceso comenzará con una votación en el pleno del Senado, donde el PP, que cuenta con mayoría absoluta, buscará requerir al Gobierno que presente los Presupuestos. Si el Ejecutivo no responde en el plazo estipulado, el PP elevará el conflicto al Tribunal Constitucional. Este proceso está regulado por varios artículos de la ley del Tribunal, que establecen los plazos y procedimientos a seguir.
Este sería el séptimo conflicto de atribuciones que el PP presenta en esta legislatura, lo que pone de manifiesto la tensión existente entre el partido y el Gobierno. Los conflictos anteriores han abarcado una variedad de temas, desde la ley de amnistía hasta la ley de eficiencia jurídica, lo que indica que el PP está dispuesto a utilizar todos los recursos legales a su disposición para desafiar al Ejecutivo.
La situación actual plantea interrogantes sobre la estabilidad política en España y la capacidad del Gobierno para gestionar sus obligaciones. La falta de Presupuestos no solo afecta la planificación económica, sino que también puede tener un impacto en la percepción pública del Gobierno y su capacidad para gobernar de manera efectiva. En este contexto, el PP busca capitalizar la situación para fortalecer su posición como partido de oposición y presentar una alternativa viable ante los votantes.
La presión sobre el Gobierno por parte del PP se intensificará a medida que se acerquen las fechas límite para la presentación de los Presupuestos. La estrategia del partido parece estar diseñada no solo para forzar al Gobierno a actuar, sino también para posicionarse como el defensor de la legalidad y la constitucionalidad en un momento en que muchos ciudadanos sienten que la política española está en un estado de parálisis. La respuesta del Gobierno y su capacidad para presentar un proyecto presupuestario será crucial en los próximos meses, y podría determinar el rumbo de la política española en el futuro cercano.
