La situación legal del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dado un giro significativo tras la decisión de la jueza Inmaculada Iglesias de procesarlo por fraude fiscal y falsificación de documentos. Esta decisión marca un hito en un caso que ha captado la atención mediática y pública durante más de un año, y que involucra a Alberto González Amador, quien se encuentra al borde del banquillo de los acusados junto a otras cuatro personas.
### Un Proceso Judicial en Desarrollo
La jueza Iglesias ha cerrado la instrucción de la causa contra González Amador, quien está acusado de haber cometido fraudes fiscales en los ejercicios 2020 y 2021, así como de falsificación de documentos mercantiles. La investigación se centra en un supuesto fraude a Hacienda que asciende a 350.951 euros. La magistrada ha decidido que el caso avance a un procedimiento abreviado, lo que implica que se está preparando para llevarlo a juicio, a menos que se presenten recursos que puedan modificar esta decisión.
Las acusaciones se basan en las conclusiones de la Agencia Tributaria, que han sido corroboradas por dos inspectoras. Según la investigación, González Amador habría utilizado facturas de diversas sociedades que no correspondían a servicios realmente prestados, con el fin de reducir la cantidad que debía abonar por el Impuesto de Sociedades. En concreto, se le acusa de haber dejado de ingresar a la Hacienda Pública una cuota de 155.000 euros en 2020 y de 195.951 euros en 2021.
El abogado de González Amador, Carlos Neira, había reconocido en un correo electrónico al fiscal Julián Salto que su cliente había cometido el doble delito fiscal y se mostró dispuesto a alcanzar un acuerdo que incluyera una multa y una pena mínima de prisión. Sin embargo, este correo se filtró a la prensa, lo que llevó a la imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos.
### Investigaciones Adicionales y Posibles Sobornos
Además del caso principal, la jueza Iglesias está llevando a cabo una investigación separada que involucra a González Amador en un posible esquema de corrupción en los negocios. Esta pieza se centra en la mercantil Masterman S.L., que se sospecha que fue utilizada como una empresa pantalla para ocultar actividades irregulares. La acusación sostiene que esta empresa fue utilizada para trasladar ficticiamente parte de la actividad de la empresa Maxwell Cremona, de la que González Amador es administrador único, hacia Quirón Prevención S.L., su pagador.
Las acusaciones sugieren que detrás de esta simulación podría haber administración desleal o incluso corrupción en los negocios, dado el importe significativo de casi 500.000 euros que se pagó por las participaciones de Masterman S.L. Este dinero podría estar relacionado con la adjudicación de contratos a Maxwell y posteriormente a Masterman por parte de Quirón Prevención, lo que ha llevado a la jueza a continuar indagando en este aspecto del caso.
La situación es compleja y está en constante evolución, con múltiples actores involucrados y un entramado de acusaciones que podría tener repercusiones significativas tanto para González Amador como para la presidenta Ayuso. La presión mediática y pública sobre este caso es intensa, y se espera que el desarrollo de las investigaciones y el eventual juicio atraigan aún más atención.
El caso del novio de Ayuso no solo pone de relieve cuestiones de ética y legalidad en el ámbito político, sino que también plantea interrogantes sobre la transparencia en la gestión de los recursos públicos y la responsabilidad de los funcionarios y sus allegados. A medida que avanza el proceso judicial, la sociedad estará atenta a los próximos pasos y a las decisiones que se tomen en este caso que ha sacudido el panorama político en Madrid.
