La reciente celebración del 9 d’Octubre en la Comunitat Valenciana ha puesto de manifiesto la complejidad del panorama político actual, marcado por la gestión de la emergencia provocada por la dana y las decisiones del gobierno de Carlos Mazón. En este contexto, diversas voces han alzado su opinión sobre el rumbo que ha tomado la Generalitat, destacando tanto los logros como las preocupaciones que surgen en torno a la calidad de vida de los ciudadanos y la estabilidad de las instituciones.
**Impacto de la Dana en la Gestión Pública**
La dana, que afectó gravemente a la región, ha sido un punto de inflexión en la legislatura. Salvador Navarro, presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), ha señalado que este evento ha puesto a prueba la capacidad de respuesta del gobierno. A pesar de la magnitud de la crisis, Navarro ha expresado su preocupación por la reducción del apoyo al diálogo social, una herramienta que considera fundamental para avanzar en la recuperación. La falta de sensibilidad hacia las víctimas y la gestión de la emergencia han sido criticadas por varios líderes sindicales, quienes instan al Consell a reconsiderar sus prioridades y reforzar los servicios públicos.
Tino Calero, secretario general de UGT-PV, ha manifestado que la orientación del gobierno ha priorizado el desmantelamiento fiscal en beneficio de las rentas más altas, lo que ha llevado a un deterioro evidente en sectores como la sanidad y la educación. A pesar de que los datos macroeconómicos pueden parecer positivos, la calidad del empleo sigue siendo una asignatura pendiente, con altos niveles de temporalidad y parcialidad. La inversión en políticas activas de empleo es considerada insuficiente, lo que agrava aún más la situación laboral en la región.
**El Diálogo Social y la Calidad Democrática**
El diálogo social, que históricamente ha sido un pilar en la gestión de crisis, ha visto su importancia disminuida en los últimos meses. Ana García, secretaria general de CCOO PV, ha destacado que, aunque inicialmente hubo una predisposición por parte del Consell para valorar este diálogo, los incumplimientos en acuerdos previos han generado desconfianza. La paralización de las mesas de diálogo social ha sido calificada como un error, dado su papel crucial en la creación de medidas que apoyen el crecimiento económico y social.
Desde una perspectiva más amplia, Anna López, politóloga y autora de ‘La extrema derecha en Europa’, ha criticado la dependencia del gobierno de Mazón hacia Vox, lo que ha llevado a un retroceso en derechos y calidad democrática. Según López, la gestión comunicativa del Consell ha estado marcada por la opacidad y la minimización de conflictos sociales, lo que ha generado una falta de empatía institucional. Esta situación ha convertido a la Generalitat en un escenario de confrontación simbólica con el Gobierno central, en lugar de centrarse en las necesidades de los valencianos.
La falta de un liderazgo claro y autónomo ha sido un tema recurrente en las críticas hacia Mazón. Javier de Lucas, catedrático emérito de Filosofía del Derecho, ha señalado que las políticas del Consell han oscilado entre concesiones y una entrega a las exigencias de Vox, lo que ha afectado negativamente a la política migratoria y a los derechos de las víctimas de la dana. La percepción de que el gobierno se ha alineado con una agenda restrictiva ha generado preocupación entre diversos sectores de la sociedad.
En el ámbito cultural, Gabi Ochoa, dramaturgo y guionista, ha expresado su descontento con la falta de estabilidad en la gestión cultural, evidenciada por las numerosas bajas en altos cargos de la conselleria. La percepción de que se ha trabajado de espaldas al sector cultural y la reducción de líneas de ayudas han contribuido a un panorama desolador. A pesar de esto, Ochoa mantiene la esperanza en que los profesionales en la gestión pública puedan revertir esta situación y apoyar la creación valenciana.
La situación económica también ha sido objeto de análisis. Joaquín Maudos, economista y director adjunto del Ivie, ha destacado que, a pesar de un crecimiento ligero del PIB en la Comunitat Valenciana, la región se encuentra por debajo de la media nacional en términos de PIB per cápita. Esta situación se agrava por la alta tasa de desempleo y la insuficiencia en la inversión en I+D y capital humano. La infrafinanciación histórica de la región ha sido identificada como un obstáculo crítico para el desarrollo regional, lo que requiere una reforma urgente del sistema de financiación.
La percepción de que el gobierno de Mazón ha priorizado la ideología sobre las necesidades reales de la ciudadanía ha llevado a un creciente descontento. La falta de atención a las demandas sociales y la gestión de crisis ha generado un ambiente de incertidumbre y desconfianza entre los valencianos. En este contexto, la necesidad de un cambio en la dirección política y una mayor atención a los derechos y necesidades de la población se vuelve cada vez más urgente.
