Así se expresó Sánchez en una entrevista en Telecinco recogida por Servimedia, donde pidió “un voto de confianza” a los transportistas autónomos y a las pymes del sector.

Por otro lado, negó que la Federación Nacional de asociaciones de Transportistas de España (Fenadismer), formada por transportistas autónomos, se haya sumado a la huelga y señaló que lo que ha hecho es pedir una mayor concreción a los acuerdos alcanzados ayer con la mayoría del comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC).

“Somos muy conscientes de las reclamaciones del sector y en concreto de los autónomos”, aseguró la ministra, quien defendió que las medidas planteadas por el Ejecutivo están muy pensadas para los autónomos y las pymes.

Además, afirmó que “van a ser efectivas y las concretaremos en los próximos días” una vez haya tenido lugar el Consejo de Europa previsto para este jueves y el viernes ya que se debe asegurar que se puedan tomar iniciativas que, por ejemplo, limiten los precios.

“Hemos tomado medidas sin precedentes y vamos a seguir haciéndolo", prosiguió Sánchez, quien apuntó que hay más margen para ampliar las bonificaciones de 500 millones de euros ya comprometidas, ya que esa partida es solo para el sector del transporte y habrá otras similares en el plan nacional de respuesta a la guerra.

Sánchez se refirió también a la huelga indefinida de la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de Mercancías, organización que no está representada en el CNTC, movilización que cumple ya nueve días.

La ministra reiteró su negativa a recibir a dicha plataforma porque “nos reunimos con los que son los representantes legítimos de los transportistas, un órgano regulado por ley”.

“Es lógico que nos sentemos con el Comité”, sentenció Sánchez, quien apuntó que “las reivindicaciones son las mismas que se están reproduciendo en el seno del CNTC”. Además, indicó que algunas de las peticiones de la plataforma son “inasumibles” y otras ya han sido aprobadas con el real decreto que convalidó recientemente el congreso de los Diputados.

Por último, condenó de nuevo “el uso de la violencia y la coacción que se ha producido impidiendo el desarrollo del trabajo de muchos transportistas” y recordó que el Gobierno ha tenido que movilizar a 24.000 agentes para controlar a los piquetes.