La gestión del agua es un tema crucial en la actualidad, especialmente en regiones como la Comunitat Valenciana, donde la escasez de recursos hídricos es un problema recurrente. En este contexto, la reciente normativa que obliga a la sustitución de contadores de agua de más de 12 años de antigüedad ha generado un gran revuelo entre ayuntamientos y empresas de abastecimiento. Esta medida, que busca mejorar la eficiencia hídrica, conlleva multas significativas para aquellos que no cumplan con el plazo establecido.
### La Nueva Normativa y sus Implicaciones
La Orden Ministerial ICT/155/2020, emitida por el Ministerio de Industria, establece un plazo de cinco años para la sustitución de contadores obsoletos. A partir de este agosto, los ayuntamientos y las empresas de abastecimiento que no hayan realizado el cambio se enfrentarán a sanciones de hasta 5.000 euros. Esta normativa se enmarca dentro de un esfuerzo más amplio para modernizar la infraestructura de agua en España, donde se estima que alrededor de dos millones de contadores están afectados por esta orden.
La situación es alarmante, ya que hasta la fecha, solo se ha logrado sustituir el 17% de los equipos obsoletos en todo el país. Esto pone de manifiesto la lentitud con la que algunas corporaciones locales están abordando el problema. En la Comunitat Valenciana, aunque las capitales como Valencia, Castelló y Alicante están avanzando en la modernización, la media de contadores renovados por cada 1.000 habitantes es de solo 16, en comparación con otras comunidades como Canarias y Castilla-La Mancha, que han renovado 181 y 122 contadores, respectivamente.
La necesidad de esta renovación no solo radica en el cumplimiento normativo, sino también en la mejora de la eficiencia en el consumo de agua. Los nuevos contadores, que permiten la telelectura, facilitan un control más preciso del gasto y ayudan a detectar fugas en tiempo real, lo que es fundamental para optimizar el uso del agua.
### Responsabilidades y Costos de la Sustitución
La responsabilidad de la sustitución de los contadores recae en el titular del suministro. En muchas ciudades, el contador es propiedad de la empresa concesionaria o del ayuntamiento, lo que significa que la sustitución se gestionará de forma gratuita. Sin embargo, en comunidades de propietarios, donde generalmente hay un único contador general, los vecinos suelen tener que asumir el costo de la renovación.
Desde el sector se estima que la sustitución de contadores puede generar un ahorro significativo para las familias. Por ejemplo, una familia que gasta aproximadamente 250 euros al año en agua podría ahorrar cerca del 15% de su factura, lo que se traduce en unos 37,50 euros anuales. Además, la instalación de nuevos equipos de medición inteligentes permite que cada vecino pague en función de su consumo real, eliminando errores y desviaciones en la facturación.
La lectura de estos nuevos dispositivos puede ser realizada por cualquier profesional autorizado, lo que simplifica el proceso de facturación. Además, los clientes tienen acceso a sus lecturas diarias a través de plataformas digitales, lo que les permite gestionar su consumo de manera más efectiva y en tiempo real.
### Período de Alegaciones y Posibles Modificaciones
Ante la preocupación de los operadores de agua sobre la lentitud en la sustitución de contadores, el Gobierno ha abierto un período de alegaciones para considerar la posibilidad de modificar la Orden ICT/155/2020. Esto podría incluir una ampliación del plazo de sustitución de contadores de cinco a siete años, lo que brindaría un respiro a aquellas corporaciones que aún no han cumplido con la normativa.
La situación actual plantea un desafío significativo para los ayuntamientos y empresas de abastecimiento, que deben actuar rápidamente para evitar sanciones y garantizar un suministro de agua eficiente y sostenible. La modernización de la infraestructura hídrica no solo es una obligación legal, sino también una necesidad imperante en un contexto de creciente preocupación por la escasez de agua y la gestión sostenible de los recursos.
La implementación de esta normativa es un paso hacia la modernización del sector del agua en España, pero también requiere un compromiso firme por parte de todos los actores involucrados. La colaboración entre administraciones, empresas y ciudadanos será clave para lograr una transición efectiva hacia un sistema de abastecimiento de agua más eficiente y responsable.
