La situación en la prisión de Morón ha vuelto a ser objeto de atención mediática tras el reciente incidente protagonizado por Rafael F. R., conocido como El Cachulo. Este interno, que fue trasladado a la prisión de Morón desde Alhaurín, ha acumulado un historial de agresiones y comportamientos violentos que han llevado a las autoridades a tomar medidas drásticas en su manejo. En este artículo, exploraremos los detalles de este caso, así como las implicaciones que tiene para la seguridad del personal penitenciario y la gestión de internos con antecedentes problemáticos.
### Un Historial de Violencia y Agresiones
Desde su ingreso en la prisión de Morón, El Cachulo ha estado involucrado en múltiples incidentes que han puesto en jaque la seguridad del centro. Su comportamiento agresivo culminó en una reciente agresión a un funcionario, quien fue estrangulado mientras conversaba con otros internos. Este ataque, que ocurrió el 1 de agosto, se produjo en un módulo destinado a internos con problemas mentales, lo que plantea serias preguntas sobre la clasificación y el manejo de internos peligrosos.
El funcionario agredido logró liberarse gracias a sus conocimientos en defensa personal, pero no sin sufrir lesiones significativas que requirieron atención médica. La agresión fue acompañada de amenazas de muerte y connotaciones sexuales, lo que refleja la gravedad de la situación. Según el sindicato de funcionarios de prisiones Acaip y UGT, El Cachulo ha estado exagerando sus síntomas de enfermedad mental con el fin de evitar sanciones y ser trasladado a un módulo de aislamiento.
La alta conflictividad de este interno ha llevado a la Subdirección de Seguridad a emitir una orden que restringe sus salidas y exige informes diarios sobre su comportamiento. Sin embargo, a pesar de estas medidas, El Cachulo sigue siendo ubicado en un módulo de mínima seguridad, lo que ha generado críticas por parte de los sindicatos que consideran esta decisión como una incoherencia peligrosa.
### La Reacción de los Sindicatos y la Gestión de Internos
Los sindicatos de funcionarios han expresado su preocupación por la gestión de internos como El Cachulo, que tienen un historial de violencia y agresiones. Aseguran que la ubicación de este tipo de internos en módulos de mínima seguridad es un riesgo tanto para el personal como para otros internos. En el caso de El Cachulo, su traslado a un módulo destinado a internos con problemas mentales ha sido cuestionado, dado su historial de comportamiento violento.
El sindicato Acaip ha señalado que la decisión de mantener a El Cachulo en un módulo de PAIEM, que alberga a internos con problemas mentales y es atendido por un solo funcionario, es una clara falta de consideración hacia la seguridad del personal. La reciente agresión a un funcionario pone de manifiesto la necesidad de revisar la clasificación y el manejo de internos con antecedentes problemáticos.
Además, el sindicato ha recordado que hace poco tiempo, otro interno del mismo centro agredió sexualmente a una psicóloga, lo que subraya la urgencia de abordar la problemática de la clasificación de internos. La falta de una separación adecuada entre internos con diferentes perfiles de riesgo sigue poniendo en peligro a los trabajadores del centro.
El caso de El Cachulo no es aislado; representa un patrón preocupante en la gestión de prisiones en España, donde la seguridad del personal y la rehabilitación de los internos a menudo parecen estar en conflicto. La necesidad de una revisión de las políticas de clasificación y manejo de internos es más urgente que nunca, especialmente en un contexto donde la violencia en las prisiones parece estar en aumento.
La situación en la prisión de Morón es un claro ejemplo de los desafíos que enfrentan las instituciones penitenciarias en la actualidad. La combinación de internos con antecedentes violentos y la falta de recursos adecuados para su manejo pone en riesgo no solo a los funcionarios, sino también a otros internos que buscan una rehabilitación efectiva. La gestión de estos casos debe ser una prioridad para las autoridades penitenciarias, que deben encontrar un equilibrio entre la seguridad y la rehabilitación.
