La ministra de Inclusión y Seguridad Social, Elma Saiz, ha anunciado que el Gobierno español solicitará a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) un informe extraordinario sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones. Este informe deberá ser presentado antes del 1 de junio de 2026 y se produce apenas dos meses después de que la Airef validara la viabilidad del sistema, aunque con críticas significativas. Este nuevo diagnóstico se enmarca en un contexto de creciente presión tanto de la Airef como de la Comisión Europea, que han instado al Gobierno a realizar una evaluación más exhaustiva de las reformas económicas implementadas en el ámbito de las pensiones.
El proyecto de real decreto que establece esta obligación ha sido sometido a audiencia pública y busca tener en cuenta los cambios macroeconómicos recientes que podrían afectar la sostenibilidad del sistema. Según el texto del decreto, la Airef deberá preparar este informe adicional para evaluar las reformas económicas y su impacto en el sistema de pensiones. La decisión de encargar este informe no estaba prevista en el plan normativo anual de 2025, lo que indica la urgencia y la necesidad de una revisión más profunda de la situación actual.
### Presiones y Recomendaciones de la Airef y Bruselas
Las presiones ejercidas por la Airef y la Comisión Europea han sido determinantes para que el Gobierno tome esta decisión. En su informe del 30 de marzo, la Airef concluyó que no eran necesarios nuevos ajustes en el sistema de pensiones, pero también planteó serias dudas sobre la metodología utilizada para evaluar la sostenibilidad del sistema. La presidenta de la Airef, Cristina Herrero, cuestionó la validez de la ‘regla de gasto en pensiones’ como un indicador fiable de la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social. Herrero destacó que este parámetro presenta numerosas debilidades y limitaciones, lo que podría llevar a una interpretación errónea de la situación financiera del sistema.
La Comisión Europea, por su parte, ha insistido en la necesidad de una evaluación adecuada del impacto de las reformas de pensiones en las cuentas públicas. En su informe sobre España, la Comisión subrayó que una aplicación consistente de la ‘cláusula de cierre’ introducida por la reforma de pensiones de 2023 debería ayudar a abordar las brechas emergentes de sostenibilidad fiscal. Esta presión ha llevado al Gobierno a actuar con rapidez y a solicitar un informe adicional que refuerce la confianza en la sostenibilidad del sistema de pensiones.
### Cambios Clave en el Proyecto de Real Decreto
El proyecto de real decreto no solo establece la obligación de un informe extraordinario, sino que también introduce otros cambios significativos. En primer lugar, se menciona que los informes de evaluación de la Airef abarcarán tanto la sostenibilidad del sistema público de pensiones como la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas. Esta ampliación de los criterios de evaluación responde a las demandas de la Airef, que ha solicitado una visión más integral de la situación financiera del país.
En segundo lugar, el proyecto suprime el listado específico de ‘ingresos del sistema de la Seguridad Social’ que la Airef debía considerar en su evaluación. Aunque esto no implica que la Airef no deba tener en cuenta las transferencias del Estado al Presupuesto de la Seguridad Social, elimina la obligación de incluirlas de manera explícita. En su informe de marzo, la Airef ya había optado por no contabilizar la totalidad de las transferencias, lo que ha generado críticas sobre la transparencia y la exhaustividad de sus evaluaciones.
La reciente reforma de pensiones, impulsada por el exministro José Luis Escrivá, introdujo una ‘cláusula de cierre’ que permite al Gobierno tranquilizar a las instituciones europeas sobre la sostenibilidad del sistema. Esta cláusula establece que cada tres años la Airef debe realizar un informe sobre la evolución de los ingresos y gastos del sistema de pensiones. Sin embargo, la presidenta de la Airef ha advertido que cumplir con esta regla no garantiza que la dinámica del sistema de pensiones sea favorable, lo que añade un nivel de complejidad a la situación actual.
La decisión del Gobierno de encargar un informe extraordinario refleja una respuesta a las críticas y recomendaciones de organismos tanto nacionales como internacionales. A medida que se acerca la fecha límite para la presentación del informe, se espera que la Airef realice un análisis exhaustivo que no solo evalúe la viabilidad del sistema de pensiones, sino que también considere las implicaciones más amplias para las finanzas públicas en España. Este proceso es crucial para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones y para mantener la confianza de los ciudadanos en la capacidad del Gobierno para gestionar adecuadamente los recursos públicos.
