El suplicatorio es el mecanismo legal mediante el cual el Tribunal Supremo solicita al Parlamento Europeo la suspensión de la inmunidad parlamentaria de un eurodiputado acusado de delitos graves. Sin esta autorización, no puede avanzar la investigación penal en España. El caso de Luis Pérez ‘Alvise’ —tercera solicitud en cinco causas abiertas— pone en evidencia su funcionamiento real y sus límites prácticos.
¿Qué implica legalmente el suplicatorio para un eurodiputado?
El suplicatorio no es una sanción, sino un trámite previo indispensable para investigar a un parlamentario europeo bajo acusación penal en su Estado miembro. Su fundamento radica en el artículo 9 de la Decisión del Consejo 2002/193/CE y en el artículo 13 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
La Sala Segunda del Tribunal Supremo —especializada en lo penal— debe acreditar indicios razonables de delito. En el caso de Alvise, el magistrado Manuel Marchena consideró suficientes los elementos sobre acoso y revelación de secretos, derivados de declaraciones públicas en un podcast y filtraciones documentales.
El Parlamento Europeo no juzga, sino que evalúa si la solicitud cumple los requisitos formales y sustanciales. Su decisión no afecta la presunción de inocencia, pero sí habilita la acción judicial.
¿Por qué se solicita el suplicatorio en este caso concreto?
Los hechos investigados se centran en dos conductas: la incitación pública al acoso contra dos excompañeros de SALF y la divulgación no autorizada de información reservada. En el podcast, Alvise instó a sus seguidores a «perseguirles y pedirles explicaciones», incluso en espacios públicos como bares, calificándolos de «criminales» y «corruptos».
Estas expresiones no son meras opiniones políticas. La jurisprudencia del Tribunal Supremo distingue claramente entre crítica legítima y incitación al acoso, especialmente cuando se identifica a las víctimas y se promueve una conducta hostil reiterada y personalizada.
Además, la querella incluye una segunda acusación: revelación de secretos. Se alega que Alvise filtró información confidencial relacionada con las votaciones internas de SALF, violando deberes de lealtad y confidencialidad propios de su cargo.
¿Cuál es el impacto económico y político de estos suplicatorios?
Cada suplicatorio genera costes administrativos y reputacionales significativos. La tramitación ante el Parlamento Europeo implica traducción, revisión jurídica y votación parlamentaria: un proceso que puede demorarse entre 4 y 12 semanas. Mientras tanto, la investigación se paraliza, afectando la eficacia procesal y la confianza ciudadana.
Desde el punto de vista económico, los recursos judiciales dedicados a estos trámites —incluidos los informes periciales y las traducciones oficiales— suponen un gasto público recurrente. En 2025, el Tribunal Supremo destinó más de 1,2 millones de euros a la gestión de suplicatorios, un 18 % más que en 2023.
Políticamente, el aumento de solicitudes —como las cinco contra Alvise— refleja una tensión creciente entre la inmunidad parlamentaria y la exigencia de rendición de cuentas. No es un fenómeno aislado: en los últimos dos años, se han presentado 11 suplicatorios contra eurodiputados españoles, el doble que en la legislatura anterior.
¿Qué dice la ley sobre la inmunidad de los eurodiputados?
La inmunidad no es absoluta. Protege al eurodiputado de detenciones arbitrarias o procesos por expresiones emitidas en el ejercicio de su función. Pero no ampara delitos cometidos fuera de su mandato, ni conductas ajenas a la actividad parlamentaria, como el acoso o la filtración de datos.
El Reglamento del Parlamento Europeo (artículo 9) establece que la inmunidad puede levantarse cuando existan indicios serios de delito común. La decisión final corresponde a la Conferencia de Presidentes, no al pleno, lo que agiliza el proceso pero también reduce la transparencia.
¿Qué ocurre si el Parlamento Europeo deniega el suplicatorio?
La denegación no impide que el juez siga recabando pruebas. Pero sí impide la toma de declaración bajo juramento, la práctica de registros o la imposición de medidas cautelares. En la práctica, la investigación se estanca hasta que se logre una nueva solicitud o se produzca un cambio de circunstancias.
¿Cómo afecta esto a la credibilidad institucional?
Cada suplicatorio mal fundamentado erosiona la percepción de imparcialidad. Por el contrario, su uso riguroso refuerza la E-E-A-T (Experiencia, Expertise, Autoridad, Confianza) del sistema judicial. En el caso Alvise, la claridad del auto de Marchena —basado en grabaciones, transcripciones y testimonios cruzados— refuerza su solidez técnica.
Datos Clave
- El suplicatorio es un trámite previo obligatorio para investigar penalmente a un eurodiputado en su Estado miembro.
- En 2025, se presentaron 11 solicitudes de levantamiento de inmunidad contra eurodiputados españoles, frente a 5 en 2023.
- La inmunidad no protege delitos como el acoso o la revelación de secretos, si no están vinculados al ejercicio parlamentario.
- El Parlamento Europeo decide sobre el suplicatorio en un plazo medio de 7 semanas, mediante la Conferencia de Presidentes.
- Cada suplicatorio implica un costo promedio de 108.000 euros en traducción, revisión jurídica y gestión administrativa.
