La emergencia provocada por la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) del 29 de octubre de 2024 ha dejado una huella imborrable en la Comunidad Valenciana. Un año después, las investigaciones continúan revelando detalles sobre la gestión de la crisis y la respuesta de las autoridades. En este contexto, se han presentado nuevos elementos que podrían cambiar la percepción pública sobre la actuación de los responsables durante la catástrofe.
Uno de los aspectos más destacados de esta investigación es la aparición de grabaciones y vídeos que documentan las horas críticas de la emergencia. Estos materiales, que hasta ahora no habían sido incorporados a la causa, han sido solicitados por Acció Cultural del País Valencià (ACPV) para esclarecer la situación vivida en el Centro de Coordinación de Emergencias (Cecopi) en l’Eliana. La falta de transparencia en la gestión de la información ha suscitado críticas y ha llevado a la acusación a solicitar la inclusión de estos vídeos en el proceso judicial.
### La Gestión de la Emergencia y la Falta de Información
La DANA del 29 de octubre de 2024 fue un evento meteorológico sin precedentes que causó inundaciones devastadoras en varias localidades de la Comunidad Valenciana. A medida que se desarrollaba la crisis, la consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, asumió el mando único de la emergencia. Sin embargo, las grabaciones de las conversaciones mantenidas durante la crisis han puesto en entredicho la eficacia de la respuesta institucional.
En una de las grabaciones, Pradas describe la situación como «una explosión meteorológica nunca conocida en años», refiriéndose a la magnitud de las inundaciones y la dificultad de acceso a algunas zonas afectadas. La conversación revela la incertidumbre y la falta de recursos disponibles para hacer frente a la emergencia. Pradas menciona que incluso la Unidad Militar de Emergencias (UME) no podía acceder a Utiel, una de las localidades más afectadas, lo que pone de manifiesto la gravedad de la situación.
La falta de imágenes y vídeos oficiales durante las primeras horas de la emergencia ha sido otro punto crítico. A pesar de que la exconsellera Pradas presentó al juzgado la única imagen disponible del Cecopi, no se publicaron más materiales hasta semanas después de la DANA. Esto ha llevado a cuestionar la gestión de la información por parte de la Generalitat Valenciana y ha generado desconfianza entre la población.
### La Solicitud de Acció Cultural y el Acceso a Materiales
Acció Cultural del País Valencià ha solicitado formalmente que se amplíen los requerimientos para obtener el material audiovisual relacionado con la DANA. En particular, han pedido a À Punt, la productora Envidea Multimedia y la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias (Sgise) que proporcionen grabaciones sin editar de los eventos ocurridos durante la emergencia. Esta solicitud se basa en la premisa de que la transparencia es fundamental para entender lo que realmente sucedió durante la crisis.
La falta de acceso a estos materiales ha alimentado la especulación y la desconfianza en la gestión de la emergencia. La acusación ha argumentado que la ausencia de información clara y precisa ha dificultado la evaluación de la respuesta institucional y ha dejado a la población en la incertidumbre sobre la eficacia de las medidas adoptadas.
Además, la revelación de que algunos vídeos fueron grabados por el asesor de Pradas y no fueron entregados al juzgado hasta meses después ha generado aún más controversia. Esto plantea preguntas sobre la responsabilidad de los funcionarios en la gestión de la crisis y la necesidad de una revisión exhaustiva de los protocolos de comunicación y respuesta ante emergencias.
La situación actual refleja un momento crítico para la Comunidad Valenciana, donde la memoria de la DANA sigue viva en la mente de los ciudadanos. La búsqueda de justicia y claridad sobre lo ocurrido el 29 de octubre de 2024 es más relevante que nunca, y las acciones de Acció Cultural del País Valencià son un paso hacia la rendición de cuentas que muchos esperan.
A medida que se avanza en la investigación, es fundamental que las autoridades se comprometan a proporcionar toda la información necesaria para esclarecer los hechos y garantizar que situaciones similares no se repitan en el futuro. La transparencia y la rendición de cuentas son esenciales para restaurar la confianza de la ciudadanía en las instituciones responsables de su seguridad y bienestar.
