El mercado inmobiliario de València se enfrenta a una crisis de accesibilidad que se ha intensificado en los últimos años. Según un informe de la Cátedra Observatorio de la Vivienda de la Universitat Politècnica de València, el precio medio de la vivienda nueva ha experimentado un aumento alarmante, duplicándose desde 2019. Actualmente, el valor medio de venta supera los 3.700 €/m² en la ciudad, alcanzando cifras aún más elevadas en municipios cercanos como Godella, Almassera o El Puig, donde los precios superan los 4.500 €/m². Esta situación ha llevado a que el mercado inmobiliario, aunque visible en términos de cifras, se vuelva socialmente inaccesible para muchas familias trabajadoras.
La Cátedra de la Vivienda de la UPV ha señalado que la oferta efectiva de obra nueva ha disminuido más de un 80 % en los últimos seis años. Ocho distritos de València no cuentan con promociones activas, y las pocas que existen están dirigidas a compradores de alta renta o inversores internacionales. En contraste, los salarios han crecido apenas un 10 % desde 2019, lo que ha llevado a que el esfuerzo medio para adquirir una vivienda supere el 45 % de los ingresos netos de un hogar tipo. Este porcentaje está muy por encima del umbral de accesibilidad recomendado por la Unión Europea, que se sitúa en el 30 %.
Fernando Cos-Gayón, director de la Cátedra, ha expresado que «el mercado es estadísticamente visible, pero socialmente invisible», subrayando que las familias trabajadoras son las grandes ausentes en este nuevo ciclo inmobiliario. La situación se agrava aún más en el mercado del alquiler, donde València lidera el encarecimiento en España, con un aumento interanual del 17,1 %. El precio medio mensual de alquiler ha alcanzado los 1.674 euros, lo que lo convierte en una opción inviable para gran parte de la población trabajadora y joven.
El 35 % de los contratos de alquiler firmados son de carácter temporal o de corta estancia, mientras que el alquiler de larga duración se reduce debido a la inseguridad jurídica y la disminución de la oferta tras la implementación de la Ley de Vivienda 12/2023. Esta situación ha llevado a un desarraigo urbano, donde los jóvenes retrasan su emancipación, las familias se ven desplazadas a la periferia y los trabajadores esenciales ya no pueden vivir en la ciudad donde trabajan.
El crecimiento poblacional en España ha sido significativo, alcanzando 49,08 millones de habitantes a principios de 2025, con un aumento de más de 458.000 personas en 2024, principalmente debido al saldo migratorio positivo. La Comunitat Valenciana ha sido una de las regiones más dinámicas, con un crecimiento del 5,5 % desde 2022, donde el 84 % de este aumento provino de población extranjera. Sin embargo, este crecimiento ha intensificado la presión sobre un parque de vivienda ya insuficiente, sin una estrategia coordinada entre administraciones.
Uno de los obstáculos más significativos identificados en el informe es el coste de construcción. Los precios de los materiales, la energía y la mano de obra han encarecido la edificación, haciendo que en muchos casos sea inviable. Las vacantes de trabajadores en el sector se han multiplicado por cuatro en la última década, y la fragmentación empresarial dificulta la realización de grandes promociones, tanto públicas como privadas. Cos-Gayón ha afirmado que «continuar edificando con métodos tradicionales es insostenible» y ha instado a la necesidad de industrializar el sector para recuperar escala, reducir costes y volver a producir vivienda a un ritmo acorde con la demanda real.
La construcción industrializada se presenta como una solución viable para reducir los plazos de obra, estabilizar costes y garantizar calidad. Un ejemplo histórico es el primer edificio de la Universitat Politècnica de València, diseñado por Joaquín Hernández y construido en solo doce meses entre 1969 y 1970 con un sistema totalmente prefabricado. Este edificio sigue operativo, demostrando que la rapidez y la durabilidad pueden coexistir. El informe concluye que España necesita redefinir su política de vivienda, enfocándose en la «vivienda asequible viable», que debe ser digna, sostenible y replicable, pero también económicamente posible. No se trata de competir con la vivienda libre, sino de ofrecer hogares a quienes hoy están excluidos del mercado. Cos-Gayón ha enfatizado que «los datos no son destino, sino mapa», sugiriendo que el rumbo claro para 2025 es industrializar para construir más y redefinir la vivienda asequible, devolviendo a las ciudades su función esencial como lugares de acogida.
