En un reciente escándalo que ha sacudido al Ministerio de Igualdad, se ha revelado que las pulseras antimaltrato, por las cuales se solicitó un presupuesto de 45 millones de euros, fueron finalmente adquiridas a un proveedor chino. Este hecho ha generado un gran revuelo en el ámbito político y social, especialmente entre las víctimas de violencia de género que esperaban una solución efectiva y adaptada a sus necesidades.
La delegada del Gobierno para la Violencia de Género compareció en el Congreso de los Diputados, donde se vio obligada a disculparse ante las víctimas por la confusión y la inquietud generada por el cambio de las pulseras. Aunque el Gobierno ha negado cualquier error o mala gestión, los detalles que han salido a la luz sugieren lo contrario.
### Proceso de Adquisición y Contratos
El proceso de adquisición de estas pulseras comenzó en julio de 2023, cuando el Ministerio de Igualdad publicó una memoria presupuestaria que justificaba la necesidad de un presupuesto elevado, argumentando que las pulseras debían ser fabricadas a medida, ya que «no son un bien corriente en el mercado». Sin embargo, la realidad ha demostrado que, tras cambiar de proveedor, se optó por dispositivos ya fabricados en lugar de crear un producto específico para el uso antimaltrato.
Vodafone fue la empresa seleccionada para suministrar estos dispositivos, pero el precio final de cada set, que incluye dos teléfonos móviles y la pulsera, se fijó en 696 euros. Este costo es significativamente menor al presupuesto inicial de 1.200 euros solo para la pulsera, lo que plantea serias dudas sobre la gestión de los recursos públicos y la planificación del proyecto.
Además, se ha revelado que Vodafone recibió una calificación de 3.6 sobre 10 en uno de los procesos clave de la adjudicación, lo que indica que no cumplió con los estándares esperados en la transferencia de información de las pulseras antiguas a las nuevas. Esta situación ha llevado a cuestionar la idoneidad de la empresa para llevar a cabo un proyecto tan sensible como el de la protección de las víctimas de violencia de género.
### Intermediarios y Falta de Transparencia
Otro aspecto preocupante de esta situación es el papel de Oysta Spain, una empresa de teleasistencia con sede en Barcelona, que actuó como intermediario en la compra de las pulseras. Oysta se especializa en dispositivos para personas mayores, lo que plantea interrogantes sobre su capacidad para proporcionar soluciones adecuadas para la prevención de la violencia de género. La falta de transparencia en el proceso de adquisición ha alimentado las críticas hacia el Ministerio de Igualdad, que se enfrenta a un creciente escepticismo por parte de la opinión pública.
La decisión de no comprar directamente al fabricante chino y optar por un intermediario ha sido vista como un intento de eludir la responsabilidad y la rendición de cuentas. Esto ha llevado a muchos a cuestionar si el Gobierno realmente prioriza la seguridad y el bienestar de las víctimas de violencia de género o si está más enfocado en cumplir con ciertos procedimientos burocráticos que no benefician a quienes más lo necesitan.
La situación se complica aún más por el hecho de que las pulseras adquiridas no fueron diseñadas específicamente para el contexto de la violencia de género, lo que podría limitar su efectividad. Las víctimas requieren dispositivos que no solo sean funcionales, sino que también estén adaptados a sus necesidades específicas, lo que no parece ser el caso con las pulseras adquiridas a través de este proceso.
### Reacciones y Consecuencias
Las reacciones a este escándalo han sido diversas. Desde grupos de defensa de los derechos de las mujeres hasta partidos políticos de la oposición, muchos han expresado su indignación por la gestión del Ministerio de Igualdad. La falta de un enfoque claro y efectivo para abordar la violencia de género ha llevado a un llamado a la acción, exigiendo una revisión exhaustiva de los procesos de adquisición y una mayor transparencia en la gestión de los recursos públicos.
Las víctimas de violencia de género, que son el foco de este programa, se sienten traicionadas por un sistema que debería protegerlas. La confianza en las instituciones se ve amenazada cuando se producen situaciones como esta, donde la falta de planificación y la mala gestión de los recursos pueden tener consecuencias fatales.
El escándalo de las pulseras antimaltrato es un recordatorio de la importancia de la responsabilidad y la transparencia en la gestión pública, especialmente en áreas tan críticas como la protección de las víctimas de violencia de género. A medida que se desarrollan los acontecimientos, será crucial observar cómo el Gobierno aborda estas preocupaciones y si se implementan cambios significativos en la forma en que se manejan estos programas.
