En el primer semestre de este año, más de 10,000 malagueños han podido acceder a la Justicia Gratuita, un derecho fundamental que garantiza asistencia legal a quienes no cuentan con los recursos económicos necesarios. Este servicio, que se ha convertido en un pilar esencial para la protección de los colectivos más vulnerables, se sitúa como uno de los más utilizados en Andalucía, solo superado por las provincias de Cádiz y Granada. La Junta de Andalucía ha reportado que, en total, 64,116 andaluces han solicitado este servicio entre enero y junio, lo que representa más del 71% de las solicitudes recibidas.
La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública ha subrayado la importancia de este programa, que no solo ofrece asistencia legal, sino que también protege a grupos en riesgo, como mujeres, menores y personas con discapacidad que enfrentan situaciones de abuso o maltrato. En términos de cifras, Cádiz lidera con 14,858 beneficiarios, seguido de Granada con 10,692 y Málaga con 10,095. Otras provincias como Almería, Sevilla, Córdoba, Huelva y Jaén también han reportado un número significativo de beneficiarios, aunque en menor medida.
### Requisitos para Acceder a la Justicia Gratuita
Para poder acceder a la Justicia Gratuita, los solicitantes deben cumplir ciertos requisitos económicos. En general, las personas cuyos ingresos anuales brutos no superen dos veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem) tienen derecho a este servicio. Este límite se amplía a 2.5 veces el Iprem para familias de dos o tres miembros y a tres veces para aquellas con cuatro o más miembros. Sin embargo, hay excepciones importantes: las víctimas de violencia de género, terrorismo y trata de seres humanos pueden acceder a la asistencia legal sin límite de ingresos. Asimismo, los menores y personas con discapacidad que hayan sufrido abusos o maltrato también están incluidos en este programa.
Las solicitudes de asistencia jurídica gratuita pueden presentarse en los Servicios de Orientación Jurídica de los colegios de abogados. La Junta de Andalucía ha facilitado el acceso a la información necesaria mediante su página web, donde los interesados pueden descargar los formularios requeridos y utilizar un simulador para verificar si cumplen con los criterios necesarios para ser beneficiarios.
### Estadísticas y Procedimientos de Solicitud
Durante el primer semestre de este año, se han registrado un total de 37,396 solicitudes para asesoramiento en procedimientos penales, 19,306 en asuntos civiles y 7,417 en contencioso-administrativos. Sin embargo, no todas las solicitudes fueron aceptadas. En 11,066 casos, las peticiones fueron denegadas debido a que los solicitantes no cumplían con los requisitos establecidos. Además, 3,797 solicitudes fueron consideradas insostenibles por las comisiones de Justicia Gratuita, mientras que otras 3,706 fueron impugnadas. En 4,346 casos, las solicitudes fueron archivadas y hay 3,109 resoluciones de las que no se tiene información en los archivos.
La Junta de Andalucía ha destacado que más de 8,800 profesionales de la Abogacía y la Procura están adscritos al turno de oficio, garantizando así el acceso a la justicia para toda la ciudadanía, independientemente de su situación económica. Más de la mitad de estos profesionales se especializan en violencia de género, lo que subraya el compromiso del sistema con la protección de los grupos más vulnerables.
Los abogados que prestan este servicio deben certificar sus actuaciones de manera trimestral. Una vez finalizado el trimestre, tienen un mes para que sus colegios profesionales presenten las certificaciones correspondientes a la Junta. Esta última, a su vez, realiza el pago a los colegios en función de las asistencias efectivamente prestadas. Hasta la fecha, la Junta ha abonado al Consejo Andaluz de Colegios de Abogados los servicios realizados entre enero y junio.
El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha elogiado el esfuerzo del Gobierno por mejorar las condiciones de los profesionales de oficio, agilizando el pago de sus retribuciones y actualizando las cuantías que no se habían revisado desde 2009. Además, ha recordado que Andalucía fue pionera en incluir la mediación civil y mercantil en el sistema de Justicia Gratuita, antes de que la Ley estatal de Eficiencia del Servicio Público de Justicia estableciera la obligatoriedad de recurrir a medios alternativos de solución de controversias (MASC) antes de interponer una demanda civil o mercantil.
Desde el 1 de enero de 2024, los andaluces que cumplan con los requisitos para contar con un abogado de oficio podrán solicitar asesoría en procesos de mediación. Los letrados recibirán hasta 400 euros si logran alcanzar un acuerdo que evite un juicio. Recientemente, se ha actualizado la orden de módulos y bases que regula las retribuciones del sistema de Justicia Gratuita, lo que permitirá compensar a los abogados incluso si no logran un acuerdo.
En la Comisión Mixta entre la Junta y el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, se ha acordado pagar 75 euros si el acuerdo se intenta a través de mediación o conciliación, y 25 euros si se opta por otros medios alternativos previstos en la ley. Además, se ha incorporado la mediación para asuntos penales en el sistema de Justicia Gratuita, lo que representa un avance significativo en la agilidad de los procesos judiciales.
Andalucía cuenta, desde mayo de 2024, con un Servicio Público de Mediación Penal de Andalucía (Sempa), que ha logrado evitar más de 2,000 juicios. Este servicio permite a los letrados alcanzar acuerdos en un plazo medio de un mes, en comparación con los meses o incluso años que pueden tardar los juicios en los juzgados. Esto sitúa a Andalucía en el tercer puesto de las comunidades que más compensan por acudir a los MASC, lo que refleja un compromiso claro con la mejora del acceso a la justicia.
Desde el año pasado, la Junta también ha comenzado a compensar a los profesionales de oficio por la representación de personas jurídicas o el trabajo realizado a requerimiento judicial, asegurando que sean remunerados por los trámites realizados, incluso si la persona asistida no cumple con los requisitos para ser beneficiaria del derecho a la Justicia Gratuita y su solicitud es denegada. Este enfoque integral no solo mejora la situación de los abogados, sino que también garantiza que más personas puedan acceder a la justicia, un derecho fundamental en cualquier sociedad democrática.
