En el contexto político actual de España, uno de los temas que ha suscitado un creciente interés y debate es el elevado número de asesores que conforman el gabinete del Gobierno de Pedro Sánchez. Con un total de 948 asesores, el gasto anual en salarios asciende a 75 millones de euros, lo que plantea serias interrogantes sobre la transparencia y la eficiencia en la gestión pública.
La cifra de asesores ha ido en aumento desde que Sánchez asumió el cargo, superando cada año el récord anterior. Este incremento no solo ha generado críticas por el gasto que representa, sino también por la falta de información sobre quiénes son estos asesores, qué funciones desempeñan y cuál es su formación. La opacidad en la gestión de estos recursos humanos ha sido objeto de atención por parte de organismos internacionales, como el Grupo de Estados Contra la Corrupción (GRECO), que ha señalado que España no ha cumplido con las recomendaciones para mejorar la transparencia en este ámbito.
### La Estructura de Asesoría del Gobierno
El desglose del número de asesores por ministerios revela que el Ministerio de Presidencia es el que más personal eventual tiene, con 477 asesores. Este número incluye a los asesores de Félix Bolaños, pero la mayoría son de Presidencia del Gobierno. En segundo lugar, el Ministerio de Política Territorial cuenta con 153 asesores, seguido por los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Transición Ecológica, que tienen 22 asesores cada uno.
Un aspecto notable es que el número de asesores no siempre se correlaciona con la importancia del ministerio. Por ejemplo, el Ministerio de Derechos Sociales tiene 17 asesores, mientras que el Ministerio del Interior cuenta con solo 13. Esto plantea preguntas sobre la justificación de la cantidad de personal eventual en relación con las responsabilidades de cada ministerio.
La tendencia de aumentar el número de asesores ha sido evidente desde que Sánchez llegó al poder. En enero de 2018, el Gobierno de Mariano Rajoy contaba con 599 asesores, cifra que se ha incrementado significativamente en los últimos años. A pesar de que el Gobierno argumenta que el aumento se debe a la creación de más ministerios, la realidad es que el número de asesores ha crecido incluso en periodos donde la cantidad de ministerios se ha mantenido constante.
### La Falta de Transparencia y sus Consecuencias
Uno de los problemas más críticos en torno a la figura de los asesores es la falta de transparencia. A pesar de que la Fundación Civio ha estado solicitando información sobre los asesores del Gobierno desde hace más de un año, solo ha recibido datos completos de cuatro de los 22 ministerios. Esta falta de respuesta y la opacidad en la gestión de la información han llevado a cuestionar la integridad del sistema.
El GRECO ha advertido que la situación actual es un caldo de cultivo para la corrupción, señalando que España ha incumplido las recomendaciones que le fueron dirigidas en 2019. Una de las recomendaciones más relevantes es la necesidad de reforzar el régimen de transparencia para los asesores, exigiendo que estén sujetos a los mismos requerimientos de integridad que los altos cargos. Esto incluye la obligación de declarar sus bienes al ser nombrados y al cesar en sus funciones, lo que permitiría un seguimiento más riguroso de su patrimonio y posibles conflictos de interés.
La falta de información sobre los asesores también ha permitido que surjan casos controvertidos. Por ejemplo, se ha informado de situaciones en las que asesores han sido contratados sin un proceso claro de selección, lo que ha llevado a la percepción de nepotismo y favoritismo. La contratación de familiares o amigos de figuras políticas ha sido un tema recurrente, lo que alimenta la desconfianza en la gestión pública.
Además, la falta de claridad sobre las funciones de estos asesores plantea interrogantes sobre su efectividad y la necesidad real de su presencia en el Gobierno. La percepción de que muchos de ellos son simplemente figuras decorativas o parte de un sistema clientelista puede erosionar aún más la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.
El debate sobre el número y la función de los asesores en el Gobierno de Sánchez es un reflejo de una preocupación más amplia sobre la gestión pública en España. La necesidad de una mayor transparencia y rendición de cuentas es fundamental para restaurar la confianza en las instituciones y garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente y efectiva. La presión de organismos internacionales y la creciente demanda de los ciudadanos por una mayor claridad en la gestión del Gobierno podrían ser factores determinantes para impulsar cambios en este ámbito.
